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2008/08/14

ENTREVISTA A JULEN LARRINAGA (Imputado en el juicio contra el movimiento pro-amnistía)

"Ningun represaliado va a caminar solo en este pueblo"


Branka aldizkaria
El pasado junio finalizó el juicio contra el movimiento pro-amnistía. Una veintena de ciudadanos vascos se enfrenta a penas de hasta diez años por desarrollar actividades asistenciales, políticas y públicas.A pesar de que aún no se conoce el fallo, los imputados, entre los que se encuentran los bilbainos Gotzon Amaro, Jon Beaskoa, Txema Olabarrieta y Julen Larrinaga, consideran que el PSOE ha dictado ya sentencia


Oímos por boca de los políticos que en España no existen los presos políticos, pero contra vosotros han pedido diez años de cárcel por pertenecer a un organismo político que desarrollaba una actividad pública. ¿Qué valoración te merece?

Negar la existencia de presos políticos es un discurso necesario para todo gobierno enfangado en la represión de conflictos, precisamente, políticos. Ningún gobierno de ningún país del mundo ha admitido públicamente nunca la existencia de presos políticos en sus cárceles. Dicho reconocimiento conllevaría aceptar la existencia de un déficit democrático y, por lo tanto, la existencia de un conflicto de naturaleza política. Pondría también de manifiesto la necesidad de resoverlo únicamente por vías políticas. Las contradicciones de la propaganda española a la vista están: no hay presos políticos, pero existe un movimiento pro-amnistía que agrupa a miles de personas y que es necesario acallar; no hay déficit democrático, pero se ilegalizan partidos y se piden 10 años de cárcel por militar en organismos políticos y colectivos sociales; no hay conflicto político alguno y el estado de derecho cada vez es más fuerte, pero España cada vez se parece más a Turquía.

Habéis renunciado a la defensa jurídica, ¿por qué?

Hemos renunciado a establecer un debate jurídico sobre la legalidad ó ilegalidad del movimiento proamnistía, es decir, sobre nuestro derecho a la actividad política. Creemos que el libre ejercicio de derechos políticos y civiles no puede ser fiscalizable en ningún tribunal, y por lo tanto no estábamos dispuestos a otorgar esa legitimidad la Audiencia Nacional. Pero en nuestra decisión había también otra intención de mayor importancia: situar el debate público no en nuestra legalidad sino en la ilegalidad de la represión. Denunciar que el movimiento pro-amnistía existe porque hay una situación contínua de recorte de libertades en Euskal Herria y porque dicha práctica represiva ha generado en nuestro país miles de represaliados en los últimos 30 años.

En la vista oral afirmasteis que lo que realmente habría que juzgar era la práctica de la tortura, la
persecución ideológica, el ensañamiento contra los presos y sus familias...

Nuestra denuncia ha sido contundente: ¿qué es delito: torturar o denunciar la tortura? ¿qué es lo que hay que perseguir: la vulneración de derechos en las prisiones o la denuncia política y social de dichas vulneraciones? ¿qué es más inmoral: negar cualquier tipo de solución al conflicto ó exigir una salida política y democrática al mismo? La incomodidad del tribunal fue más que evidente. Pusimos de manifiesto que el conjunto del movimiento pro-amnistía es la plena constatación de que el estado español ha utilizado en Euskal Herria todos los tipos de violencia a su alcance en los ultimos 30 años, y que, por lo tanto, es necesario un proceso de restitución democrática y de reparación histórica en nuestro país. Finalmente, pusimos encima de la mesa del tribunal una de las paradojas principales de este juicio: ¿cómo se puede pretender acabar con un movimiento de solidaridad con los presos políticos generando, precisamente, más presos a base de ilegalizaciones y persecución? No tiene ninguna lógica, pues es justamente al revés: en el momento en que no quede ningún preso político vasco en las prisiones del estado será entonces cuando el movimiento pro-amnistia desaparecerá.

Sumario 18/98; vuestro juicio; para septiembre se anuncia el proceso contra Udalbiltza ¿Qué busca Madrid?

Tras un nefasto y lamentable intento de asimilar el soberanismo vasco al marco constitucional español en el marco de un falso proceso político de resolución del conflicto, el PSOE, al igual que Aznar, intenta ahora conseguir los mismos objetivos pero con toda la fuerza bruta posible. Por ello esa política de cerrar brutalmente todas las vías de diálogo y negociación, encarcelando y persiguiendo a todos los interlocutores de la izquierda abertzale, y por eso también ese ensañamiento represivo contra todos los sectores del movimiento popular vasco, mandándoles el mensaje de que la única salida posible es la renuncia al proyecto independentista. Esto es así, pero tengamos claro un concepto: estamos frente a un estado débil, no frente a un estado fuerte. Un estado fuerte no precisa de una represión intensa para hacer frente a un conflicto político porque, precisamente, tiene los resortes suficientes para lograr la victoria asimilando políticamente a la disidencia. Y hoy hay que decir que el Estado Español hace tiempo que perdió la batalla política en Euskal Herria -su incapacidad de articular un proyecto democrático y su contínuo terror a la capacidad vasca de decisión así lo atestiguan- y, por lo tanto, para mantener su proyecto de imposición solo le queda la fuerza bruta, que es mucha. El resultado es una situación de recorte de libertades que se agrava año tras año.

La solidaridad con los perseguidos ha sido desde el franquismo una característica de la sociedad vasca. ¿Se verá resentida una vez se dé a conocer el fallo?

Ningún represaliado va a caminar sólo en nuestro pueblo. Ni con sentencia de ilegalización ni con sentencia absolutoria. Son demasiadas décadas de represión en nuestro pueblo como para pretender matar la solidaridad con una sentencia y tropas policiales porra en mano. Eso significa no conocer al movimiento popular vasco, que, si de algo ha sido capaz a lo largo de los últimos 30 años, precisamente ha sido de generar respuestas solidarias ante toda necesidad derivada de la represión y de la imposición: ikastolas, korrika, euskaltegis, radios libres, gaztetxes, fiestas populares, paralización de proyectos agresores del medio ambiente, nuevos medios de comunicación ante el cierre de los anteriores, y un largo etc.

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