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2009/07/19

La Justicia: el último "bunker" del franquismo

"...ciertamente indignante es que dicho Juez sea miembro del Tribunal Supremo y que se sienta tan impune y tan confiado en defender su ideología franquista.."


Extraido de Unidad Civica Navarra por la Republica - Hirugarren errepublikaren alde

España lleva 30 años mirándose al ombligo y felicitándose por haber logrado realizar de forma pacífica la transición política. Tan encantados estábamos de habernos conocido que olvidamos que la transición y la Constitución no eran sino el inicio del camino hacia la democracia y no su techo...

La Transición dejó, por necesidad, temas sin resolver, algunos de gran calado. Aquí olvidamos con demasiada facilidad que el País Vasco votó NO a la Constitución, porque no se logró el necesario consenso, en su momento, con el PNV. Ahì tenemos el problema vasco, enquistado, como uno de los grandes problemas de la democracia. Y todo hace indicar que lo va a seguir siendo durante mucho tiempo aún...
En la Transición se dibujó, pero tan sólo con trazos débiles, casi balbuceantes, el Estado de las Autonomías. También se hizo lo propio con el tema de la autonomía municipal. Después de 30 años, el dibujo autonómico sigue sin cerrarse y la autonomía municipal tan sólo es un sueño de los Ayuntamientos.Cabe reconocerle al actual Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el haber atinado en la detección de estos problemas y sentar las bases para su resolución, aunque haya tenido que retrasar el tema de la autonomía municipal, hasta en tanto no se resuelva la definitiva financiación del Estado de las Autonomías. Al menos lo intenta, no como otros...Sin embargo, el principal problema que se planteaba -por su idiosincrasia- para el futuro en la Transición, el judicial, sigue sin resolverse. Entonces, un taimado político asturiano, perteneciente a los tecnócratas del franquismo, Torcuato Fernández Miranda, diseñó aquello de "a la ley por la ley", pasando desde la ley franquista a un régimen de libertades.
Fue una solución ingeniosa, cabe reconocerlo. Pero era sólo una solución para ganar tiempo y establecer un régimen de libertades. Después tocaba acabar con las leyes franquistas y establecer otras que no tuvieran ninguna duda sobre su concepto de democracia. También tocaría, pasado un tiempo, el juicio al franquismo que la historia y el derecho internacional exigían...
Sin embargo, en España tenemos la mala costumbre de convertir en definitivo todo lo provisional. Por eso, 30 años después seguimos sin realizar el juicio al franquismo, sin establecer la verdad histórica y democrática que corresponde a un país que se dice una democracia, sin reconocer a las víctimas del Golpe de Estado de 1936 y de la invasión del suelo patrio por parte de dos potencias -Italia y Alemania- extranjeras, para acabar con una mayoría de españoles que habían elegido libremente a quienes les gobernaban. Ni siquiera se les permite a sus familiares buscarles por las cúnetas de todo el país con el apoyo y la financiación del Estado y ya no hablemos del necesario restablecimiento de sus derechos atropellados mediante el asesinato, la cárcel, la tortura, o su utilización como mano de obra esclava al servicio de las empresas de los franquistas.
Todo ello, porque nuestra pretendida democracia no ha sido capaz de poner orden en el sistema judicial, barriendo de los Tribunales al último reducto del franquismo, el último "bunker" y llevando allí a los democrátas. El último ejemplo claro es la persecución que se está realizando al Juez Garzón por intentar, por fin, juzgar al franquismo. Y ello, pese a la timidez del Juez en sus planteamientos.Ahora y gracias a una información publicada por nuestros colegas de "Público" no enteramos que el Juez que admitió a trámite una querella por prevaricación contra Garzón ha intervenido, al menos dos veces, públicamente para justificar el Golpe de Estado del 36 y que firmó un manifiesto contra la blandita Ley de Memoria Histórica con que nos ha obsequiado el Gobierno Zapatero.
Lo que resulta difícil de entender y ciertamente indignante es que dicho Juez sea miembro del Tribunal Supremo y que se sienta tan impune y tan confiado en defender su ideología franquista como para tomar una decisión como la de encausar al Juez Garzón a denuncia de un grupo franquista: "Manos Limpias" (¡?).
Resulta difícil de imaginar que en Alemania, por ejemplo, se sentara en su Tribunal Supremo un nazi y mucho menos, que lo confesara públicamente. Pero el hecho de que ese hipotético juez alemán se atreviera a defender el nazismo ya resulta verdaderamente inconcebible. De conocerse todos esos datos, en Alemania hubieran cesado inmediatamente al Juez, lo hubieran expulsado de la carrera judicial y el escándalo político que se habría desatado en torno al caso, se hubiera llevado por delante a los responsables políticos de que dicho Juez ocupara tal cargo.
Aquí, todos conocían -en los ámbitos políticos tanto del PSOE como del PP- el zapato político que "calzaba" dicho Juez y optaron por el silencio y por no decir nada. Aquí, que los franquistas estén sentados en los puestos claves de las instituciones no sólo no supone escándalo alguno sino que además se cierra con un manto de silencio. Así, es difícil convencer a los ciudadanos de que España es una democracia plena y no una democracia tutelada, de que el viejo dictador no tenía razón en su testamento político cuando decía que "todo está atado y bien atado".
El PSOE debe tomar cartas en el asunto y terminar de derribar ese último "bunker" franquista establecido en los Juzgados, que -qué casualidad- son percibidos por los ciudadanos como la institución que peor funciona en nuestro país. Y debe hacerlo sin ambigüedades, con firmeza.Por su parte, el PP debe tomar definitivamente la decisión de si quiere ser el Partido de los últimos nostálgicos del antiguo régimen o si, definitivamente, opta por ser la réplica española de la derecha liberal y demócrata europea. Si opta por esto último, debe abandonara para siempre esos "tics" franquistas que tan a menudo le salen y hacer una auténtica "poda" en su partido, limpiándolo de reductos franquistas.
En caso contrario, no se podrá hablar de una democracia real y efectiva en España. Aún no. Las víctimas del franquismo tendrán que acudir a los Tribunales Internacionales para obtener justicia para sonrojo de los actuales políticos y los ciudadanos tendrán que organizarse en torno a nuevos Partidos Políticos que opten de verdad por una democracia real y no por una tutelada. La transición aún no está terminada. La duda estriba en si los actuales políticos serán capaces de culminar dicha obra o, por el contrario, tendremos que buscarnos otros políticos y otros Partidos.

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