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2016/05/17

AZTNUGAL, LA PALABRA MALDITA QUE EL PP PERSIGUE PARA ENCUBRIR LA TORTURA por Ahotsa.info

                                 Todo empezó el 18 de enero de 2011. Bueno, la verdad es que empezó muchísimo antes, quizás nos deberíamos remontar a la larga noche del Franquismo, pero dejémoslo ahí. Ese día, varias personas fueron detenidas en Nafarroa por la Guardia Civil y Policía Nacional. Algunas de ellas denunciaron haber sido torturadas salvajemente. Otras afirmaron haber sido tratadas "correctamente". Las que denunciaron torturas, firmaron autoinculpaciones en las que se decía que habían colaborado con ETA. Las que no fueron maltratadas, se negaron a declarar. Que cada cual saque sus conslusiones. El caso es que uno de los detenidos, Jon Patxi Arratibel 'Xafan', con la intención de hacer una llamada de socorro desde el cuartel, firmó su declaración policial con la palabra Aztnugal, que ni en castellano ni en euskera significaba nada hasta ese momento, aunque ahora haya cobrado vida propia.

Aztnugal es Laguntza pero al reves, es decir, Ayuda. Era una llamada de socorro desde la incomunicación, un periodo de hasta cinco días en los que el detenido puede estar a merced de la Policía o de la Guardia Civil (también de la Ertzaintza o de cualquier cuerpo policial) sin contacto con el exterior. Solamente podrá ser visitado por un abogado de oficio con el que no podrá hablar y con el médico forense de la Audiencia Nacional, el mismo tribunal que ha ordenado el arresto del detenido.

Sin embargo, y pese al duro relato de torturas realizado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska, que ni siquiera se inmutó, su denuncia fue archivada. Jon Patxi Arratibel decidió llevar su caso hasta Estrasburgo, para buscar justicia en el Tribunal de Derechos Humanos. No era la primera vez que ciudadanos vascos acudían hasta el tribunal europeo, de hecho ya se habían producido 6 condenas al Reino de España por causas similares.

En mayo del 2015, con Arratibel ya en la calle, Estrasburgo falló en favor del navarro, condenando al Estado español por no haber investigado debidamente su denuncia de torturas. O más bien, por no haber hecho absolutamente nada por tratar de esclarecer lo ocurrido durante 5 días en los calabozos y salas de interrogatorio de la Guardia Civil en Madrid.

Juicio e inicio de la persecución

En abril, concretamente el Día de la República española, comenzaba en la Audiencia Nacional española el juicio contra los imputados en el sumario 4/2014, más conocido como sumario Aztnugal. Tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, eran condenados a dos años de prisión que no tendrían que cumplir por haber estado en prisión preventiva. A pesar de aceptar esta condena, los imputados afirmaban que seguirían denunciando las torturas sufridas, aunque no se imaginaban lo que tan solo unos días después iba a ocurrir.

El 19 de abril, la Policía española detenía a 8 personas en Burlata, acusadas de pintar un mural con la palabra "tortura" tachada y Aztnugal a modo de hastag. La operación no había sido ordenada por un juez, sino que había sido una iniciativa de la propia delegada del gobierno español en Nafarroa, Carmen Alba. Argumentaba que ese mural era injurioso para con las Fuerzas de Seguridad del Estado español, e incluso imputaba al alcalde de la localidad de una candidatura próxima a Podemos por haber dado permiso para realizarlo.

La actuación represiva tuvo su efecto Streisand, y lejos de acallar la denuncia de la tortura, murales similares fueron pintados en numerosas localidades de Euskal Herria e incluso en otros países. En Agoitz, localidad navarra donde reside parte de la familia de Mikel Zabalza, realizaron un mural que se diferenciaba de los demás: junto a la palabra Tortura tachada, aparecía la cara pintada de Zabalza, joven de la zona que en 1985 fue arrestado por la Guardia Civil y que apareció muerto 20 días después en las aguas del río Bidasoa. Pese a la versión oficial que habló de un intento de fuga, el convencimiento generalizado es que murió en Intxaurrondo a causa de las torturas sufridas y que su cuerpo fue arrojado al rio posteriormente.

La reacción de la Delegación del Gobierno no se hizo esperar. Envío un requerimiento al Ayuntamiento de Agoitz exigiéndole que eliminara el mural, aduciendo que era delictivo por enaltecer el terrorismo. Es decir, venía a relacionar a Mikel Zabalza con ETA, cuando está muy documentado que el navarro no tenía ninguna relación con la organización armada. Pero lo más importante, era un nuevo golpe para una familia que 30 años después todavía no ha encontrado justicia, ni siquiera la verdad de lo sucedido, ni mucho menos reparación o reconocimiento por parte del gobierno español.

La polémica, las críticas hacia la delegada del gobierno e incluso las peticiones de dimisión, provocaron que tuviera que recular y negar lo evidente, diciendo que no habían relacionado a Zabalza con ETA y que se limitaban a pedir que el mural fuera eliminado por tratarse de una imagen utilizada dentro de una campaña de injurias contra la Guardia Civil. Pero el Ayuntamiento de Agoitz se ha ratificado en su negativa a borrar el mural y exige, acompañando a la familia Zabalza, que se respete la memoria de Mikel y que se empleen los esfuerzos que se utilizan para censurar la denuncia de la tortura en tratar de averiguar qué ocurrió en el Caso Zabalza y que se investiguen las miles de denuncias de torturas de ciudadanos y ciudadanas vascas. 

5.700 torturados en la Comunidad Autónoma Vasca

La propia Carmen Alba negaba hace tan solo un par de semanas que se hubieran producidos casos de torturas en el Estado español tras la dictadura franquista. Es más, llegaba a decir que ni siquiera había denuncias. Tales afirmaciones chocan con la realidad. El informe preliminar del estudio encargado por el Gobierno Vasco al Instituto de Criminología del País Vasco y dirigido por el forense antropólogo Paco Etxeberria ha recabado ya los datos de al menos 5.700 personas que afirman haber sido objeto de torturas desde 1960 hasta 2010. Una realidad difícil de negar, aunque algunos se empeñen en ello.

Aztnugal sólo fue una palabra, una llamada de socorro escrita en un papel, un garabato, pero ahora representa también el dolor de miles de personas que han sido torturadas en Euskal Herria y por ello el PP se ha embarcado en una cruzada para criminalizarla y tratar de conservar la impunidad de la que han gozado los torturadores en el Estado español aplicando la Ley Mordaza a las paredes y muros de Euskal Herria.

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