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2016/06/10

EN EL 36 ANIVERSARIO DE LA DESAPARICION DE "NAPARRA" por José Luis del Val Altuna

"Nos gustaría que estas diligencias se extendiesen a la información que sin duda disponen el gobierno y los servicios secretos y judiciales franceses sobre las desapariciones de militantes como Naparra, Pertur, Popo Larre y Jon Anza, por ejemplo, así como de los actos de guerra sucia y violaciones de la propia legalidad francesa"

                      Los hechos son sobradamente conocidos. El 11 de junio de 1980 desaparece en Iparralde Joxe Miel Etxeberria, Naparra. El BVE reivindica primero su secuestro y después su muerte en varias llamadas a diferentes medios de comunicación. Los rastreos por la zona señalada para encontrar su cadáver no ofrecen fruto alguno.

Posteriormente periodistas de ‘Diario 16’ concluyeron, después de investigaciones, que el militante vasco había sido asesinado por mercenarios pertenecientes al «clan Perret», famoso por su participación en la «guerra sucia» contra la militancia política vasca. El caso fue cerrado por la justicia francesa en 1982 por falta de pruebas. Reabierto por la Audiencia Nacional española a demanda de la familia de Naparra en 1999, fue archivado en 2004 por el juez Ismael Moreno. Este juez incluso negó en sus conclusiones la existencia de hecho delictivo en la desaparición de Joxe Miel. El recurso presentado contra este auto fue rechazado. Y así estamos a la altura del año 2016 sin que conozcamos la realización de investigación alguna por parte del Estado español. Aunque no nos extraña en absoluto dado que después de 80 años transcurridos desde el comienzo de la guerra aún se siguen descubriendo cadáveres de desaparecidos gracias a la insistencia de las familias y al trabajo de ciertas asociaciones, siendo la colaboración de las instituciones del Estado español casi nula. Algunas fuentes cifran en cerca de 140.000 personas los desaparecidos cuyos restos no han sido recuperados ni identificados. Cifra astronómica que debería avergonzar a las autoridades españolas.

Hemos leído con atención un reportaje publicado en GARA recientemente sobre los acuerdos y las medidas que están tomando el Gobierno de Colombia y las FARC con relación al conflicto histórico de este país y los acuerdos de paz. Según este reportaje, se ha venido creando en el tiempo un variado mosaico de organismos e instancias de encuentro que abarcan numerosos aspectos relacionados con las desapariciones forzosas y la atención en general a las víctimas del conflicto y cuyos trabajos están ya ofreciendo considerables resultados, aunque no haya todavía concluido todo el proceso negociador. Aquí, en Euskal Herria, como la ideología del Estado dice que no ha habido un conflicto, una de las partes es simplemente criminalizada y represaliada sin que sea objeto político de reconocimiento institucional. Por no existir no existen siquiera presos políticos sino meros delincuentes. No puede haber pues ni dialogo ni acuerdo de ningún tipo y la actitud de los gobiernos y de la administración de justicia es totalmente inhibitoria respecto a las demandas de investigación. Los miembros de organizaciones armadas e incluso de movimientos y organizaciones que no la practicaron y que lucharon por reivindicaciones nacionales y sociales son, salvo excepciones, excluidos de las leyes de víctimas y no pueden disfrutar de verdad, justicia ni reparación alguna.

Es verdad que a los familiares de los afectados por desaparición forzosa les resulta costoso comprender crímenes de esta naturaleza y el dolor padecido es singular y diferente del producido por una muerte violenta pero sin ausencia. Hay un plus de sufrimiento. En el caso de Naparra quizás haya podido paliarse por el apoyo moral, afectivo y últimamente político que la familia ha recibido de parte de su comunidad y por la satisfacción que produce la acción militante constante, prolongada y tenaz sostenida por la familia encaminada a conocer la verdad. En este sentido pensamos que ha tenido que ser reconfortante el reconocimiento por parte de un grupo de trabajo de la ONU a Naparra como víctima de desaparición forzosa, delito de lesa humanidad que no prescribe. Este grupo de trabajo puso además en evidencia a los estados francés y español por la nula labor de investigación efectuada para esclarecer los hechos, hacer justicia y reparar la vulneración de derechos humanos. Asimismo, la posibilidad dispensada a la familia de relatar las circunstancias que ha padecido y solicitar protección ante el parlamento foral de Navarra ha debido de constituir una importante inyección moral de esperanza. En esta ocasión todos los grupos políticos representados, sin excepción, mostraron respeto a la familia y expresaron su derecho a conocer la verdad, la justicia y recibir la reparación correspondiente.

Nos hemos enterado hace unos días de que el gobierno francés ha entregado al español una gran cantidad de documentos y efectos relacionados con ETA que podrían servir para la investigación de las causas pendientes y judicialmente no aclaradas atribuidas a esa organización. Podrían servir también, para las actividades del Centro Memorial de las Victimas del Terrorismo. Nos gustaría que estas diligencias se extendiesen a la información que sin duda disponen el gobierno y los servicios secretos y judiciales franceses sobre las desapariciones de militantes como Naparra, Pertur, Popo Larre y Jon Anza, por ejemplo, así como de los actos de guerra sucia y violaciones de la propia legalidad francesa e internacional cometidos en suelo francés. Para ponerlos a disposición del pueblo vasco a través de una comisión de la verdad cada vez más reclamada. Sería un buen gesto de reciprocidad.

José Luis del Val Altuna es miembro de Egia Justizia ta Oroitzapena

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