"Oligarquía a través de sus cámaras empresariales, partidos políticos de derecha, medios de difusión masiva, jerarquía de la iglesia católica, algunas iglesias evangélicas, fundaciones financiadas por la ultraderecha estadounidense y organismos descentralizados de Estados Unidos, el ejército y la policía hondureñas, se han articulado –no sin contradicciones y deserciones- como parte de un bloque de poder, que ante el avance de un proceso democratizador, se han desnudado en su carácter fascista..."
Mario Sosa
Ayer 30 de julio, las fuerzas golpistas de Honduras, impulsaron un conjunto de acciones represivas en contra de manifestaciones pacíficas impulsadas por quienes luchan por la restitución constitucional y el regreso de José Manuel Zelaya a la presidencia de la república. [1]
Además de la militarización mantenida por los golpistas, la policía y el ejército procedió a desalojar los plantones y movilizaciones ciudadanas en la capital y varios puntos del interior del país, con lujo de fuerza hacia los indefensos hondureños que luchan por ejercer derechos constitucionales que lo facultan a rebelarse ante un gobierno usurpador que por medio de la fuerza de las armas y usando medios y procedimientos ilegales, quebrantaron y desconocieron la Constitución y las leyes en ese hermano país.
Además de la militarización mantenida por los golpistas, la policía y el ejército procedió a desalojar los plantones y movilizaciones ciudadanas en la capital y varios puntos del interior del país, con lujo de fuerza hacia los indefensos hondureños que luchan por ejercer derechos constitucionales que lo facultan a rebelarse ante un gobierno usurpador que por medio de la fuerza de las armas y usando medios y procedimientos ilegales, quebrantaron y desconocieron la Constitución y las leyes en ese hermano país.
Además del sinnúmero de heridos: adultos, ancianos y adolescentes, la captura ilegal en cuerpos policiales e, inclusive, en casas particulares, resultó obvia la intención de la policía de agredir directamente a dirigentes sociales principalmente del Frente de Resistencia Contra el Golpe de Estado, varios de los cuales han sido detenidos ilegalmente, y dirigentes políticos opositores como el señor Carlos H. Reyes, a quien intimidaron, hirieron y ocasionaron fracturas en el cúbito y radio. Además de reprimir a dirigentes sociales y políticos, y ciudadanos hondureños honrados que ejercen su legítimo derecho, también fueron agredidos varios periodistas de medios como Habla Honduras y Telesur.
Es evidente que los golpistas están desesperados. Contrario a lograr la hegemonía a favor del golpe de Estado, han obtenido el rechazo de todo un pueblo que durante un mes ha mantenido y acrecentado la resistencia popular. Por eso han incrementado sus acciones represivas como única vía de mantenerse en el poder.
Oligarquía a través de sus cámaras empresariales, partidos políticos de derecha, medios de difusión masiva, jerarquía de la iglesia católica, algunas iglesias evangélicas, fundaciones financiadas por la ultraderecha estadounidense y organismos descentralizados de Estados Unidos, el ejército y la policía hondureñas, se han articulado –no sin contradicciones y deserciones- como parte de un bloque de poder, que ante el avance de un proceso democratizador, se han desnudado en su carácter fascista, y hoy han instalado una dictadura cívico-militar, con respaldo de Estados Unidos, imperio con intereses económicos y geopolíticos estratégicos en dicho país. [2]
El carácter fascista del bloque golpista en el poder de honduras, se expresa a través de una estrategia que pretende –ilusamente- mantener la apariencia democrática a través de declaraciones sobre la supuesta independencia de poderes, el respeto a la constitución, el funcionamiento de la corte suprema de justicia, el congreso, partidos políticos afines, “libertad de prensa” para sus empresas mediáticas, movilizaciones afines (incluido el acarreo y la coacción a empleados de sus empresas).
Con ideas de la guerra fría como el anticomunismo y, hoy, el antichavismo, insertan su estrategia como parte de la confrontación que se desarrolla entre imperialismo-oligarquías y procesos revolucionarios democráticos y de izquierda con carácter latinoamericanista. Desde ahí tratan de implantar la idea que Zelaya y quienes piden su restitución, son parte de una estrategia externa al país, de características malévolas, procedente de Caracas. En tanto, tratan de manejar conceptos pro-yanquis, de “libre” mercado, en tanto manipulan identidades religiosas e ideas de democracia y libertad que no son parte de sus prácticas.
La represión de ayer 30 de julio, como política implantada con el golpe de Estado, además de reflejar el fascismo de la oligarquía hondureña y la complicidad de Estados Unidos, se realiza en contra del llamado a paro nacional de dos días, que la resistencia popular realizó y mantiene. Asimismo, forma parte de un intento por impedir el ingreso al país y la restitución del Presidente legal y legítimo de Honduras: José Manuel Zelaya. Esta represión también persigue hacer fracasar la ya cuestionada mediación y propuesta de Oscar Arias, que no obstante pedir la restitución de Zelaya, plantea el adelanto de elecciones, el abandono de la consulta popular como procedimiento democrático y popular, y la amnistía para los golpistas.
Es indudable que a estas alturas, el pueblo hondureño se encuentra en un dilema: someterse y dejar que se consolide el fascismo de los golpistas y del imperio norteño, o acrecentar la resistencia para lograr la restitución de Zelaya, avanzar en la democratización del país y juzgar a los criminales que hoy pretenden gobernar.
[1] Radio Progreso de Honduras, ha sido una de las pocas emisoras que ha mantenido una información objetiva, sin compromiso con los golpistas que han logrado mantener o censurar a la mayor cantidad de medios impresos, radiales y televisivos, haciéndolos formar parte de la maraña golpista, desinformando y promoviendo la perspectiva de los usurpadores.
[2] Estados Unidos ha venido desarrollando una estrategia demagógica, en la cual se pronuncia por la restitución de Manuel Zelaya, pero evita declarar su secuestro y exilio como un golpe de Estado, siendo que esta declarativa les obligaría a dejar de trasladar fondos, ayudas y asesorías, además de la presencia militar estratégica que el Comando Sur mantiene en la Base de Palmerolas, históricamente usada para organizar intervenciones político-militares en Latinoamérica y en Centroamérica en particular.
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