Todo empezó el 18 de enero de 2011. Bueno, la verdad es que empezó
muchísimo antes, quizás nos deberíamos remontar a la larga noche del
Franquismo, pero dejémoslo ahí. Ese día, varias personas fueron
detenidas en Nafarroa por la Guardia Civil y Policía Nacional. Algunas
de ellas denunciaron haber sido torturadas salvajemente. Otras afirmaron
haber sido tratadas "correctamente". Las que denunciaron torturas, firmaron autoinculpaciones
en las que se decía que habían colaborado con ETA. Las que no fueron
maltratadas, se negaron a declarar. Que cada cual saque sus
conslusiones. El caso es que uno de los detenidos, Jon Patxi
Arratibel 'Xafan', con la intención de hacer una llamada de socorro
desde el cuartel, firmó su declaración policial con la palabra Aztnugal,
que ni en castellano ni en euskera significaba nada hasta ese momento,
aunque ahora haya cobrado vida propia.
Aztnugal es Laguntza pero al reves, es decir, Ayuda.
Era una llamada de socorro desde la incomunicación, un periodo de hasta
cinco días en los que el detenido puede estar a merced de la Policía o
de la Guardia Civil (también de la Ertzaintza o de cualquier cuerpo
policial) sin contacto con el exterior. Solamente podrá ser visitado por
un abogado de oficio con el que no podrá hablar y con el médico forense
de la Audiencia Nacional, el mismo tribunal que ha ordenado el arresto
del detenido.
Sin embargo, y pese al duro relato de torturas realizado ante el juez
de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska, que ni siquiera se
inmutó, su denuncia fue archivada. Jon Patxi Arratibel decidió llevar su
caso hasta Estrasburgo, para buscar justicia en el Tribunal de Derechos
Humanos. No era la primera vez que ciudadanos vascos acudían hasta el
tribunal europeo, de hecho ya se habían producido 6 condenas al Reino de España por causas similares.
En mayo del 2015, con Arratibel ya en la calle, Estrasburgo falló en
favor del navarro, condenando al Estado español por no haber investigado
debidamente su denuncia de torturas. O más bien, por no haber hecho absolutamente nada por tratar de esclarecer lo ocurrido durante 5 días en los calabozos y salas de interrogatorio de la Guardia Civil en Madrid.
Juicio e inicio de la persecución
En abril, concretamente el Día de la República española, comenzaba en
la Audiencia Nacional española el juicio contra los imputados en el
sumario 4/2014, más conocido como sumario Aztnugal. Tras alcanzar un
acuerdo con la Fiscalía, eran condenados a dos años de prisión que no
tendrían que cumplir por haber estado en prisión preventiva. A pesar de
aceptar esta condena, los imputados afirmaban que seguirían denunciando
las torturas sufridas, aunque no se imaginaban lo que tan solo unos días
después iba a ocurrir.
El 19 de abril, la Policía española detenía a 8 personas en Burlata,
acusadas de pintar un mural con la palabra "tortura" tachada y Aztnugal a
modo de hastag. La operación no había sido ordenada por un juez, sino
que había sido una iniciativa de la propia delegada del gobierno español
en Nafarroa, Carmen Alba. Argumentaba que ese mural era injurioso para
con las Fuerzas de Seguridad del Estado español, e incluso imputaba al
alcalde de la localidad de una candidatura próxima a Podemos por haber
dado permiso para realizarlo.
La actuación represiva tuvo su efecto Streisand, y lejos de acallar
la denuncia de la tortura, murales similares fueron pintados en
numerosas localidades de Euskal Herria e incluso en otros países. En
Agoitz, localidad navarra donde reside parte de la familia de Mikel Zabalza,
realizaron un mural que se diferenciaba de los demás: junto a la
palabra Tortura tachada, aparecía la cara pintada de Zabalza, joven de
la zona que en 1985 fue arrestado por la Guardia Civil y que apareció muerto 20 días después en las aguas del río Bidasoa.
Pese a la versión oficial que habló de un intento de fuga, el
convencimiento generalizado es que murió en Intxaurrondo a causa de las
torturas sufridas y que su cuerpo fue arrojado al rio posteriormente.
La reacción de la Delegación del Gobierno no se hizo esperar. Envío
un requerimiento al Ayuntamiento de Agoitz exigiéndole que eliminara el
mural, aduciendo que era delictivo por enaltecer el terrorismo. Es
decir, venía a relacionar a Mikel Zabalza con ETA, cuando está muy
documentado que el navarro no tenía ninguna relación con la organización
armada. Pero lo más importante, era un nuevo golpe para una familia que
30 años después todavía no ha encontrado justicia, ni siquiera la
verdad de lo sucedido, ni mucho menos reparación o reconocimiento por
parte del gobierno español.
La polémica, las críticas hacia la delegada del gobierno e incluso
las peticiones de dimisión, provocaron que tuviera que recular y negar
lo evidente, diciendo que no habían relacionado a Zabalza con ETA y que
se limitaban a pedir que el mural fuera eliminado por tratarse de una
imagen utilizada dentro de una campaña de injurias contra la Guardia Civil.
Pero el Ayuntamiento de Agoitz se ha ratificado en su negativa a borrar
el mural y exige, acompañando a la familia Zabalza, que se respete la
memoria de Mikel y que se empleen los esfuerzos que se utilizan para
censurar la denuncia de la tortura en tratar de averiguar qué ocurrió en
el Caso Zabalza y que se investiguen las miles de denuncias de torturas
de ciudadanos y ciudadanas vascas.
5.700 torturados en la Comunidad Autónoma Vasca
La propia Carmen Alba negaba hace tan solo un par de semanas que se
hubieran producidos casos de torturas en el Estado español tras la
dictadura franquista. Es más, llegaba a decir que ni siquiera había
denuncias. Tales afirmaciones chocan con la realidad. El informe
preliminar del estudio encargado por el Gobierno Vasco al Instituto de
Criminología del País Vasco y dirigido por el forense antropólogo Paco
Etxeberria ha recabado ya los datos de al menos 5.700 personas que afirman haber sido objeto de torturas desde 1960 hasta 2010. Una realidad difícil de negar, aunque algunos se empeñen en ello.
Aztnugal sólo fue una palabra, una llamada de socorro escrita en un
papel, un garabato, pero ahora representa también el dolor de miles de
personas que han sido torturadas en Euskal Herria y por ello el PP se ha
embarcado en una cruzada para criminalizarla y tratar de conservar la
impunidad de la que han gozado los torturadores en el Estado español aplicando la Ley Mordaza a las paredes y muros de Euskal Herria.
