"El uso de los drones no está sometido a ningún tipo de control
jurídico: la violación de derechos humanos no figuran entre sus delitos.
Así como Estados Unidos y algunos otros estados no reconocen los
Protocolos de la Convención de Ginebra ni aquellos que rigen la Corte
Penal Internacional de La Haya, que son los únicos capaces de juzgar a
sus soldados, mercenarios o espías que cometieran crímenes de guerra o
de lesa humanidad, lo mismo ocurre con los delitos cometidos por los
drones."
Con este título encabezó Roberto Montoya su libro sobre los drones
aparecido en 2014 del que tomamos numerosas citas para este artículo.
Titular por cierto muy acertado, ya que los drones son ciertamente
eso, un aparato bélico no tripulado, destinado a sembrar la muerte de
civiles y militares, de forma indiscriminada, a miles de kilómetros de
distancia del puesto del operador.
La historia de los drones en España se ha puesto de actualidad, con
la inversión decidida este mes de octubre por parte del Ministerio de
Defensa a través del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)
dependiente del mismo y de la Xunta de Galicia. Se trata del aeródromo
de Rozas ubicado en el municipio de Castro de Rei, Lugo, que se
convierte mediante un aporte de 55 millones de euros en el mayor centro
de investigación sobre drones en España, con el objeto de permitir a
distintas multinacionales del sector investigar sobre su uso. Además de
este aporte del Ministerio de Defensa, la Axencia Galega de Innovación
contribuirá a las investigaciones a desarrollar con otros 25 millones de
euros para estas empresas.
De esta manera, España se suma al carro de la OTAN y sus aliados,
como ya lo hizo facilitando el empleo de la base de Rota y participando
en misiones en el extranjero. En este caso, pese a sus vergonzantes
afirmaciones de que no se trata de un uso militar, no puede caber
ninguna duda al respecto. Así lo confirman los muertos civiles y
militares producidos en muy distintos países, con los perversos métodos
del anonimato y el desprecio por los mas elementales derechos humanos.
La guerra toma así su cara más despiadada y cruel: la muerte a larga
distancia.
Siguiendo la política ya aplicada en el empleo de mercenarios, con
una verdadera privatización de la guerra, sus gestores son las mismas
multinacionales que operan en todo el mundo, cosechando beneficios
millonarios con los conflictos armados, incluso los no declarados como
también ocurre con el uso de los drones.
