"Nos gustaría que estas diligencias se extendiesen a la información que
sin duda disponen el gobierno y los servicios secretos y judiciales
franceses sobre las desapariciones de militantes como Naparra, Pertur,
Popo Larre y Jon Anza, por ejemplo, así como de los actos de guerra
sucia y violaciones de la propia legalidad francesa"
Los hechos son sobradamente conocidos. El 11 de junio de 1980 desaparece
en Iparralde Joxe Miel Etxeberria, Naparra. El BVE reivindica primero
su secuestro y después su muerte en varias llamadas a diferentes medios
de comunicación. Los rastreos por la zona señalada para encontrar su
cadáver no ofrecen fruto alguno.
Posteriormente periodistas de ‘Diario 16’ concluyeron, después de
investigaciones, que el militante vasco había sido asesinado por
mercenarios pertenecientes al «clan Perret», famoso por su participación
en la «guerra sucia» contra la militancia política vasca. El caso fue
cerrado por la justicia francesa en 1982 por falta de pruebas. Reabierto
por la Audiencia Nacional española a demanda de la familia de Naparra
en 1999, fue archivado en 2004 por el juez Ismael Moreno. Este juez
incluso negó en sus conclusiones la existencia de hecho delictivo en la
desaparición de Joxe Miel. El recurso presentado contra este auto fue
rechazado. Y así estamos a la altura del año 2016 sin que conozcamos la
realización de investigación alguna por parte del Estado español. Aunque
no nos extraña en absoluto dado que después de 80 años transcurridos
desde el comienzo de la guerra aún se siguen descubriendo cadáveres de
desaparecidos gracias a la insistencia de las familias y al trabajo de
ciertas asociaciones, siendo la colaboración de las instituciones del
Estado español casi nula. Algunas fuentes cifran en cerca de 140.000
personas los desaparecidos cuyos restos no han sido recuperados ni
identificados. Cifra astronómica que debería avergonzar a las
autoridades españolas.
