¿Verdades de Perogrullo? por Alizia Stürtze

"Estamos ante la llamada «democracia fascista», en la que falazmente nos presentan el dominio de los pocos como una búsqueda altruista, desinteresada y generosa del bienestar de la mayoría... todo ello mientras mantienen la ficción de que votar es lo más importante que podemos hacer..."

Alizia Stürtze, historiadora

GARA

Verdades de Perogrullo o perogrulladas se llaman en castellano a las certezas evidentes hasta para el más necio, y ello en supuesta referencia a las obviedades con las que remataba sus discursos un marqués del mismo nombre. Palissades es el término que usa el francés para expresar la misma idea, relacionándola erróneamente con un tal señor de La Palice, «héroe» de la batalla de Pavía de 1525, en cuyo epitafio se creyó equivocadamente que ponía que «si no estuviera ya muerto, estaría todavía con vida». A ese tipo de tautologías en euskara se les dice Pernandoren egia (la verdad de Fernando): al parecer, a falta de nobles alfabetizados en la lengua del país, la repetición de lo que es notoriamente sabido se le atribuyó, seguramente, a algún «sasiletrado» que andaba por allí.

Esta extraña introducción viene al hilo de que desde los sistemas político, económico y mediático, a base de repetir sus consignas, han conseguido que parte importante de la población las tomen, en contra de sus intereses, por perogrulladas, por afirmaciones que no necesitan discusión, cuando, en realidad, son «verdades oficiales», de carácter falaz, pero que, convertidas por reiteración en axiomas, sirven para justificar los intereses de los que mandan y para desmoralizar y destruir toda esperanza en las clases populares. El repertorio de semejantes declaraciones aparentemente infalibles es innumerable, por lo que me voy a limitar a mencionar algunas de las más visibles y más en boga últimamente.

Es mentira, o verdad parcial, que viene a ser lo mismo, que «el aumento de la esperanza de vida hace que la carga de los inactivos sobre los activos sea cada vez mayor, por lo que es imprescindible reformar el sistema de pensiones y, por tanto, disminuir el derecho a la jubilación». Si la población en edad de trabajar no estuviera en paro o tuviera un puesto de trabajo fijo y digno, la cantidad de las cotizaciones aumentaría. Además, el claro aumento de la productividad hace que se produzca más (y las empresas obtengan mayor plusvalía) con menor mano de obra. Por otra parte, a los grandes, al Banco de Santander, por ejemplo, se les ha permitido y se les sigue permitiendo prejubilar, a cuenta del contribuyente, a edades tan escandalosas como puedan ser los 48-50 años. Por último, estar jubilado no significa ser ni un inútil ni un parásito; son muchos los mayores que, además, al igual que las amas de casa, ejercen una serie de funciones de cuidado, de transmisión de saberes y experiencias, de participación en la vida pública, etc., imprescindibles para el funcionamiento y reproducción del sistema. En definitiva, se está utilizando la crisis para tomar medidas socialmente regresivas, y, además de recortar el derecho a la jubilación, lograr el despido libre, moderar aún más los salarios y prolongar y flexibilizar más todavía la jornada laboral. Y es que esta crisis, como las que históricamente han sido, tiene por función reestructurar la economía y favorecer una mayor concentración del capital, a costa de la gran mayoría. Beneficio y democracia son incompatibles, por más que los «Pero Grullos» nos quieran convencer de lo contrario.

«La crisis económica y financiera obliga a un duro reajuste del gasto público de cara a lograr una fuerte reducción del déficit». Si esto fuera así, no se entendería que, como bien mencionan en «Le Monde Diplomatique», se lleven ya gastados, mundialmente y a cargo del contribuyente, 11.400 miles de millones de dólares (1.674 por persona) para «socorrer» a la banca, una banca que ha declarado beneficios en un año 2009 en el que, mientras los trabajadores se han ido yendo al paro a paladas, la bolsa ha conocido importantes subidas y aportado unos suculentos dividendos. Si esto fuera así, tampoco se entendería que, tanto en los presupuestos generales del Estado como en los de la CAV, se aumenten las partidas destinadas a «seguridad ciudadana y lucha contra el terrorismo» (el 4,5% del PGE), mientras se reducen las de acceso a la vivienda, de transporte o de cultura, y en educación y sanidad las subidas son mínimas, aunque sigamos a la cola de Europa en protección social, formación y salud.

No olvidemos que, encuesta tras encuesta, el desempleo, los problemas económicos y la clase política son, por ese orden, las principales preocupaciones de los españoles y de los vascos, por más que se empeñen Rubalcaba y Ares en mostrarnos lo contrario, y que, en todos los telediarios y a todas horas, nos atemoricen con un nauseabundo cóctel de violaciones, maltratos, mafias, asesinatos, terroristas y robos con violencia extrema. En este contexto, cae por su propio peso que la represión que ejerce el Estado contra la izquierda abertzale y su empeño en impedir que se abran vías a la solución del conflicto no responden a las prioridades de la ciudadanía a la hora de invertir el dinero público y, por tanto, nada tienen que ver con esa defensa de la democracia y de los derechos ciudadanos que ponen como excusa para criminalizar cualquier forma de disidencia y pisotear en la práctica los derechos de asociación, participación, representación y expresión en nombre de la lucha contra el terrorismo.

«Como es de la izquierda abertzale, está en la cárcel». No tiene vuelta de hoja; está claro; es así, es una verdad de Perogrullo. En ese caso, ¿por qué tienen que repetirla tanto? Pues porque con ello construyen una falaz ecuación que les resulta de gran utilidad: miembro/votante de la izquierda abertzale=terrorista, de la que se deduce que: 700 presos izquierda abertzale=700 terroristas; luego: con la izquierda abertzale no se puede negociar.. El problema se plantea cuando, para ello, y olvidando a Voltaire, optan por limitar, como Hitler, la libertad de expresión únicamente a quienes defienden su punto de vista; y por reducir su democracia (en consonancia con la UE) a cumplir con los propósitos de los que mandan, aunque, como ocurre con numerosos temas de envergadura, en absoluto respondan a la voluntad mayoritaria. Estamos ante la llamada «democracia fascista», en la que falazmente nos presentan el dominio de los pocos como una búsqueda altruista, desinteresada y generosa del bienestar de la mayoría... todo ello mientras mantienen la ficción de que votar es lo más importante que podemos hacer porque ese derecho (que a los de la izquierda abertzale nos niegan) nos hace libres y nos garantiza todos los demás derechos.

En la CAV, el gobierno ilegítimo de PP-PSE «considera imprescindible reformular el llamado Plan de Educación para la Paz del anterior equipo»... para «combatir el terrorismo» y conseguir, «desde la pedagogía democrática y social», que desaparezcan de las aulas «esos grupos de jóvenes que no entienden lo dañina que es la violencia». No voy a hacer ahora demagogia preguntando a la portavoz del Gobierno Vasco qué es sino una apabullante (y costosísima) demostración de violencia la exhibición de uniformados que tuvimos que soportar los habitantes de Donostia mientras duró la Reunión Informal de ministros de Competitividad de la UE; o al ararteko Iñigo Lamarca que qué son sino violencia brutal los diferentes casos de torturas sobre los que tiene conocimiento y confirmación.

Prefiero mencionar el interesante «La (des)educación» de Noam Chomsky, en el que llama comisarios políticos a quienes controlan el sistema educativo, porque tienen por función «crear y difundir un cuerpo de doctrinas y creencias que socave el pensamiento independiente y evite que puedan comprenderse y analizarse las estructuras institucionales y sus funciones»; todo ello con la finalidad de domesticar y adiestrar individuos; que no con la de formar ciudadanos «con capacidad de denunciar la hipocresía, las injusticias sociales y la miseria humana, y de asumir el reto de ensanchar los horizontes de la democracia y de trabajar para construir un mundo menos discriminatorio, más democrático, menos deshumanizado y más justo». Un curriculum civilizado debería incluir la historia del imperialismo y de la apología imperialista, sobre todo por parte de los que la sufrieron y la sufren (vascos incluidos); hablar sobre la pobreza, la brutal represión de los derechos humanos; arrinconar la exaltación de «valores» como la avaricia, la usura, el individualismo y la competitividad extrema... porque así, además, los alumnos aprenderían a visualizar y, por tanto, a combatir, el concepto burgués de civilización, orden y justicia, tal como, con toda su crudeza, lo visualizó Marx: «La civilización y justicia del orden burgués aparece en toda su cruda realidad cada vez que los esclavos de ese orden se rebelan contra sus amos. Entonces, esa civilización y justicia desenmascaran su salvajismo, su crueldad, y su venganza sin ley».

Desde la teoría y la acción, frente a la apatía y el desinterés, no nos queda otra que ir denunciando las interesadas perogrulladas que no son y las mentirosas verdades oficiales que nos encadenan en beneficio de una «democracia-jaula» fascista, oligárquica, corrupta... y anti-democrática. Por nuestro derecho a decidir sobre todo lo que de verdad nos concierne mediante mecanismos regulados y transparentes.