La Transición en el Estado español: 1970-1983 (I). Del proceso de Burgos a la Operación Ogro

"Pero el franquismo estaba lejos de desmoronarse. A pesar de las dificultades y de la evidente decrepitud física del propio Franco, contaba con una base social aún muy amplia en el Estado español y con apoyos del Ejército y de la oligarquía, además de la evidente complicidad de los EEUU..."

Compilación del libro "ETA 1958-2008. Medio siglo de historia", del autor Iker Casanova(http://www.txalaparta.com/). Notas de Wikipedia y Gara. Trascrito y extractado por Grupo PFP para La Haine.org

El proceso de Burgos
En agosto de 1970 el Gobierno anunció su intención de realizar en un Tribunal Militar en Burgos un macrojuicio contra ETA en el que se encausaran las principales actividades de esta organización en los años 1968 y 1969. Habría dieciséis acusados. Para seis de ellos se pedía pena de muerte por haber decidido la ejecución de Melitón Manzanas (el 2 de agosto de 1968 muere como consecuencia del primer atentado de ETA Melitón Manzanas, un emblema de la represión franquista en Euskal Herria. Este policía español fue jefe de la Brigada Política Social de Gipuzkoa, y ha sido considerado el máximo exponente del terror franquista en el territorio vasco), acción de la que se acusaba directamente a Izko de la Iglesia, y para el resto de condenas entre 12 y 70 años de prisión.

Este juicio llevaba meses preparándose y el que sería fiscal del caso, el capitán Antonio Troncoso, había manifestado públicamente que el Ejército había elaborado un completo informe sobre la historia de ETA y su posible evolución, por lo que cabía entenderse este movimiento como la culminación de un análisis político profundo por parte del poder dominante en el Estado español. La intención era escenificar públicamente la liquidación de ETA y la victoria del Estado sobre la incipiente insurgencia armada vasca. Con la dirección de ETA detenida, el Régimen creía que había cercenado de raíz al nuevo movimiento y sólo restaría ahora, mediante un proceso ejemplarizante, juzgar, condenar, y en su caso, ejecutar a los dirigentes del grupo para disuadir a posibles continuadores.

Sin embargo, pocas veces en la historia política de nuestro país se habrá producido un error de cálculo mayor. Es evidente que los diseñadores de esta estrategia consideraban que ETA era un grupo aislado, surgido de la radicalización más o menos irracional de un grupo de jóvenes sin una conexión social profunda. Pero en realidad ETA era, y lo fue sobre todo en la época del Juicio de Burgos, la respuesta de una sociedad que se negaba a seguir contemplando cómo sus derechos más elementales eran sistemáticamente vulnerados. El Juicio de Burgos haría que ETA, representada en ese puñado de jóvenes a los que el Estado quería ejecutar, se convirtiera en la expresión de la identidad colectiva del pueblo vasco, que asumiría como propia, al margen de divisiones políticas, la tarea de la defensa de esos militantes logrando en este empeño el mayor éxito movilizador de su historia.

Cuando llega la noticia de la convocatoria del juicio para el mes de diciembre, las dos ramas en las que recientemente se había dividido ETA (ETA Quinta y ETA Sexta), emprenden la tarea de dinamizar las protestas populares. Existían precedentes, como los de Sarasketa y Arrizabalaga, en los que unas condenas de muerte ya impuestas habían sido revocadas gracias a la presión popular. Ahora que el caso se iba a repetir, previsiblemente multiplicado, las expectativas de conseguir una importante reacción social estaban justificadas. Sin embargo, ambos sectores estaban muy debilitados por la escisión. Aún así, el enorme sentimiento de solidaridad con los procesados facilitaría que durante los meses previos al juicio se realizara un trabajo de aproximación a otras organizaciones y sectores sociales que fue generando un clima de agitación que estallaría en las semanas del juicio. Pero ya antes de diciembre se estaban empezando a producir manifestaciones y otras muestras de rechazo a este proceso.

Ambas ramas de ETA emprendieron además sendas acciones armadas destinadas a condicionar el desarrollo del juicio. Bajo el control de Sexta quedó un grupo de militantes, a los que se conocería como “los topos”, que ya desde antes de la escisión habían estado trabajando en un audaz plan para la liberación de los presos en la cárcel de Burgos, la Operación Botella. Este grupo estaba trabajando en la excavación de un túnel que, desde el sistema de alcantarillado, permitiera el acceso a la prisión para liberar así a los compañeros presos. Tras meses de trabajo e innumerables vicisitudes el plan estaba muy avanzado pero un último muro de hormigón que no pudieron atravesar impidió a “los topos” culminar días antes del inicio del juicio una acción que hubiera dado un espectacular vuelco a la situación.

Aunque este movimiento no pudo materializarse y permanecería en secreto durante mucho tiempo, la acción diseñada por ETA Quinta sí tendría una gran repercusión. El día 1 de diciembre de 1970 un comando de esta organización secuestró cerca de su domicilio en Donostia al cónsul honorario de la República Federal Alemana en la ciudad, Eugen Beihl. El detenido fue llevado hasta una pequeña localidad de Zuberoa y al día siguiente se anunció que su suerte quedaba ligada a la de los procesados en Burgos. El secuestro del cónsul provocará una frenética actividad diplomática, tanto alemana como francesa, para lograr su liberación realizando aproximaciones a los entornos de refugiados vascos en Iparralde, pero estas gestiones resultarían infructuosas.

El 3 de diciembre de 1970 se inició la vista en Burgos. A partir de ese momento se produce una escalada de movilizaciones que superará las fronteras de Euskal Herria y que pondrá al régimen fascista y a la lucha del pueblo vasco en el primer plano de la actualidad política internacional. Ese día Gipuzkoa vivió una jornada de huelga general que fue también seguida en los demás herrialdes. Las zonas obreras de Bizkaia se volcaron en la protesta. Los días siguientes, movimientos obreros políticos de todo signo se sumaron a las movilizaciones que, a pesar de los esfuerzos de todos por rentabilizarlas, fueron menos partidistas y más populares que nunca. El día 4 se decretará el estado de excepción en Gipuzkoa durante tres meses. El día 8 de diciembre un policía de paisano mata en Eibar al joven Roberto Pérez en medio de una jornada de huelga general en la localidad.

Mientras tanto en Burgos, con una ciudad militarmente tomada y en una sala convertida en búnker por las fuerzas policiales, el proceso transcurrirá por unas cauces muy distintos a los previstos por sus instigadores. El juicio duró siete días consecutivos, entre el jueves 3 y el miércoles 9 de diciembre. Los encausados contaban con un gran equipo de abogados (personalidades conocidas como José Antonio Etxebarrieta, a su vez militante de ETA [sufrió una grave enfermedad que le había postrado en una silla de ruedas, lo que le había obligado recientemente a abandonar la militancia activa en ETA. Fue considerado el abogado más importante de entre los que participaron en la defensa en el Juicio de Burgos. Falleció poco después de este juicio], quien asumiría el mayor peso en la defensa), que se encargará de demostrar la evidente falta de respeto a los derechos de los procesados que se ha dado a lo largo de todo el proceso, desde la tortura a la nula base probatoria de las acusaciones, además de deslegitimar todo el entramado pseudojurídico con el que el franquismo trataba de legitimar su dictadura.

Los testimonios de los acusados tendrán una gran carga política y simbólica. Invirtiendo las tornas los acusados se convertirán en acusadores y de uno en uno irán desgranando sus cargos contra el Régimen, denunciando la opresión de los trabajadores y del pueblo vasco, la persecución del euskera, la tortura... A la vista del cariz que están tomando los acontecimientos, la actitud del tribunal se hace más agresiva hacia los acusados impidiendo a éstos expresar con claridad sus razonamientos. Aun así van sucediéndose las declaraciones de calado político. Varios acusados se declaran prisioneros de guerra y piden acogerse a la Convención de Ginebra, Gorstidi se proclama revolucionario, Larena defiende el internacionalismo proletario, Gelesaga se niega a reconocer el tribunal...

El último en declarar es Mario Onaindia, quien al terminar su declaración grita “Gora Euskadi Askatuta!” levantando el puño y dando un paso adelante por lo que varios miembros del tribunal echan mano de sus sables y el público comienza a entonar el Eusko Gudariak (en castellano se traduce como “guerreros vascos”, es una canción popular combativa). Es 9 de diciembre y la vista oral ha concluido con un vuelco de la situación inicial motivado por lo acontecido en la sala y en las calles.

Aun así se mantienen las peticiones fiscales, incluyendo las de pena de muerte, y desde ese momento una espada de Damocles empieza a pender sobre la cabeza de seis de los acusados.

A partir de entonces se sucedieron manifestaciones, huelgas, encerronas, manifiestos, actos de sabotaje y todo tipo de muestras de desaprobación contra el juicio. El objetivo es ahora condicionar las sentencias. En el Estado español y en el resto de Europa también se dan importantes movilizaciones. Las primeras llevan al Gobierno a declarar la suspensión de la limitación del tiempo en la detención y con esa medida procede a detener a cientos de dirigentes de movimientos políticos. En el Estado francés, República Federal Alemana, Italia, Suecia, Dinamarca... se producen decenas de concentraciones llegándose en algunos casos a atacar las delegaciones diplomáticas españolas. En Milán, un joven estudiante muere por los disparos de la policía en una manifestación. Además, Beihl continua secuestrado.

La tensión es tal que dentro del Régimen empezarán a aparecer fisuras. Para los más ultras la pérdida de control en las calles viene motivada por las tímidas medidas aperturistas que los llamados tecnócratas, ligados al Opus Dei, han puesto en marcha en los últimos años para liberalizar la economía y la política española de cara a una posible integración en la Comunidad Europea. Para estos sectores duros la situación requiere de una mayor contundencia represiva y de una reafirmación de los principios fascistas del Régimen. La Falange y el Ejército respaldan estas tesis. El Régimen acosado, trata de articular una reacción política y convoca una manifestación en Madrid en la que miles de personas aclaman al Caudillo. En diversas ciudades españolas se realizarían manifestaciones de apoyo al Ejército, pero en una dinámica defensiva, ya que la batalla de la opinión pública está perdida.

El día 25 de diciembre Beihl es liberado y ETA Quinta emitirá un comunicado en el que manifiesta que:

"Nuestro objetivo ha sido atraer la atención del mundo entero sobre la existencia de nuestro pueblo y sobre la inquebrantable voluntad de lucha por su liberación integral: independencia nacional y la instauración de un moderno estado vasco, democrático, euskaldun y socialista".

(Comunicado, Diciembre 1970)

ETA Quinta había obtenido una gran rentabilidad publicitaria del secuestro. La decisión de liberar a Beihl evitó sumir a la organización en el trance de tener que cumplir sus advertencias y pudo ser presentada como un acto de generosidad.

El 28 de diciembre, se hace público el veredicto, que refleja el triunfo del sector duro del Régimen. Jokin Gorostidi, Xavier Izko y Teo Uriarte son condenados a dos penas de muerte cada uno. Onaindia, Dorronsro y Larena son igualmente condenados a la pena capital, y el resto de los acusados, excepto Arantza Arruti que resulta absuelta, a penas que oscilan entre los 12 y los 70 años de prisión. Esta decisión, promovida por los altos estamentos militares, no refleja una fortaleza real. En los días siguientes las presiones populares y diplomáticas se redoblarán hasta el punto de hacer imposible la aplicación de estas condenas. El día 30, en un movimiento probablemente calculado de antemano, Franco anuncia la conmutación de las penas de muerte por cadenas perpetuas. En las horas previas, varios gobiernos han solicitado públicamente la anulación de las condenas, entre ellos el del Vaticano. Igualmente se han producido las manifestaciones entre las que destacan las de Baiona y Maule, que con 10.000 y 1.500 participantes respectivamente constituyeron las mayores movilizaciones realizadas hasta la fecha en Iparralde.

A pesar de que el franquismo había tratado de reconducir la situación, con las movilizaciones de apoyo a Franco y la doble maniobra de condenas de muerte e indulto, la crisis de diciembre de 1970 había supuesto verdaderamente el comienzo del fin de la dictadura. Los anhelos de los tecnócratas para construir una dictadura presentable saltaban hechos añicos ante la reacción ultra. Detenido el tibio intento reformista, el Régimen bascularía hacia posiciones más reaccionarias, lo que redundaría en la aceleración de su proceso de descomposición. Señalado por la opinión pública internacional y acosado por una oposición interna que empezaba a tomar cuerpo, el Régimen resulto juzgado y condenado en Burgos.

Pero el franquismo estaba lejos de desmoronarse. A pesar de las dificultades y de la evidente decrepitud física del propio Franco, contaba con una base social aún muy amplia en el Estado español y con apoyos del Ejército y de la oligarquía, además de la evidente complicidad de los EEUU, que había mantenido un absoluto silencio durante este proceso (presidencia de Richard Nixon). Sobre estas bases se produciría el enroque del núcleo del franquismo que provocaría que los últimos años de la dictadura fueran los más duros, represivamente hablando, desde la posguerra.

Aprendida la lección de la derrota de Burgos, el Estado pasaría a enfocar la represión de una nueva manera. No volverían a realizarse procesos masivos y los militantes de ETA serían eliminados sin trámites siempre que se pudiera. Más tarde haría su aparición la guerra sucia. En esta tarea un personaje jugaría un papel central, el vicepresidente del Gobierno, almirante Luis Carrero Blanco, que se encargaría de la creación de un nuevo servicio de inteligencia militar, el SECED, y de diseñar las líneas maestras de la represión.

Operación Ogro
A lo largo de 1971 un grupo de militantes de ETA Había comenzado a desplazarse a Madrid con asiduidad. Los objetivos de estos desplazamientos eran varios. En el plano político se trataba de contactar con organizaciones de izquierda de cara a hipotéticas alianzas o colaboraciones. En un plano más ligado a la acción armada, se estaba evaluando la posibilidad de crear en Madrid algún tipo de infraestructura de seguridad fuera de Euskal Herria, así como aprovechar las posibilidades de la ciudad para realizar acciones de abastecimiento de material. Finalmente, se estudiaría la posibilidad de realizar acciones armadas. Entre estos militantes se encontraba Argala, que desde su incorporación a ETA V se había convertido en liberado asignado nominalmente al Frente Cultural de Bizkaia. A pesar de ello, y dadas las necesidades de la organización, no tardaría en ser requerido para participar en acciones armadas.

A finales de 1971 Argala conocerá en Madrid a una pareja que sería de crucial importancia para el futuro. Se trata de Alfonso Sastre, prestigioso dramaturgo, afiliado al PCE y su compañera Eva Forest, médico y escritora catalana. A través de ellos, Argala va a tomar contacto con una serie de personas que están dispuestas a colaborar con ETA en la capital, la mayoría de ellas pertenecientes al PCE. Entre los frutos de estos contactos destacará una valiosa información que llega a manos de ETA a principios de 1971: el almirante Carrero Blanco, vicepresidente del Gobierno, acude todos los días a misa a la misma hora a una iglesia del centro de Madrid, en la calle Serrano. A pesar de la importancia de la información ETA, por diversas cuestiones de carácter interno, no tomaría una decisión al respecto hasta finales de año. En los últimos meses de 1972 Argala y otro militante, José Luis Pérez Beotegi, Wilson, establecidos definitivamente en Madrid remiten a la dirección un plan que es aprobado y puesto en marcha: se trata de secuestrar a Carrero y proponer su canje por la libertad de todos los presos políticos del Estado con condenas mayores de diez años de prisión, pertenecientes la gran mayoría, unos 150, a ETA.

Carrero, junto al príncipe Juan Carlos y al propio Franco era una de las únicas personas tan sensibles para el Régimen que hacía suponer que podría obligarle a aceptar un acuerdo de estas características. Dada la avanzada edad de Franco no era un secreto para nadie que su fallecimiento era inminente. El propio Régimen había preparado esa transición al detalle. La Ley de Sucesión de 1947 había definido a España como un Reino y había otorgado a Franco la potestad de elegir al sucesor. Para ello había designado heredero de la corona a Juan Carlos de Borbón, saltándose a su padre que, en términos dinásticos, era el legítimo heredero. El motivo de esa maniobra era forjar al futuro rey a su sombra e imbuirle de la ideología adecuada. Tras ser educado en los principios fascistas, Juan Carlos es nombrado oficialmente heredero en julio de 1969. Pero por encima del símbolo que suponía la corona, era necesario un hombre fuerte que supiera dirigir el país con puño de hierro y evitar que el Régimen se disolviera en pugnas entre los diferentes sectores de la derecha.

Y ése era precisamente el papel que Franco tenía reservado para el almirante. Era difícil encontrar al margen de Carrero a otra persona que pudiera ser unánimemente aceptada entre las diversas familias políticas. Carrero también contaba con un importante currículo como represor. Había sido presidente del Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo (precedente del TOP), y había protagonizado la relación entre el Estado español y la CIA. En los últimos tiempos había organizado los nuevos servicios secretos españoles, el SECED, y había dirigido la política anti-insurgencia.

La persona de Carrero era de una importancia tan vital que se creía viable la opción del canje y en todo caso, una negativa daría como resultado la ejecución del almirante, lo que tendría un efecto político devastador sobre el Régimen. De hecho, si no se optó desde un primer momento por esa opción fue únicamente por la sensibilidad de ETA hacia sus presos, cuya salida de prisión mediante fugas se había demostrado enormemente complicada. A principios de 1973 un grupo de militantes encabezados por Argala, Wilson y Javier Larreategi, Atxulo, empiezan a preparar el plan para el secuestro. Dado que el almirante fue bautizado por los mismos militantes como el Ogro, por su aspecto físico, el operativo recibiría el nombre de Operación Ogro.

Tras examinar el lugar y los alrededores, así como las medidas de seguridad, sorprendentemente mínimas, para un vicepresidente de Gobierno, se elaboró un primer plan. La acción presentaban una enorme complejidad, puesto que suponía reducir a Carrero dentro de una enorme iglesia, situada en el centro de Madrid, frente a la Embajada de EEUU, y transportarlo hasta un local en el que permanecería retenido, en el Paseo de la Castellana (una de las principales arterias de la capital y muy cercana). Laboriosamente se van diseñando las diferentes etapas de la acción y finalmente se formula un plan definitivo. Este plan suponía un enorme despliegue de medios porque exigía la actuación simultánea de tres comandos, así como el alquiler de pisos para alojarlos, lonjas y vehículos. Incluso se había previsto establecer una especia de hospital de campaña en un piso franco para el caso en que algún militante resultase herido.

En la primavera de 1973 el trabajo está casi concluido y la actividad es frenética. En mayo, en el comité Ejecutivo celebrado en Getafe, los miembros del Frente Obrero son informados parcialmente del operativo. Pero cuando sólo faltaban unos días para la fecha señalada, un suceso fortuito hace saltar el plan por los aires. Unos ladrones entran en la lonja destinada a ser el alojamiento del secuestrado y al ser descubiertos por un sereno se entabla un tiroteo. El suceso es de suficiente entidad para que los militantes que han alquilado el local teman que alguna comprobación policial pueda detectar que el contrato se ha realizado con documentación falsa, por lo que se decide abandonar este local y suspender el plan hasta conseguir uno nuevo. Cuando llevaban varios días en esta búsqueda llega una noticia que parece desbaratar por completo el proyecto: el 9 de junio Carrero Blanco es nombrado presidente del Gobierno. Aunque el almirante era ya el hombre fuerte del Estado, el nuevo cargo, por su carga simbólica, ha de suponer un reforzamiento en las medidas de seguridad, y además se puede prever un cambio en sus costumbres. Desalentados por todo ello y ante la inminente celebración de la asamblea de la organización, los militantes abandonan temporalmente la Operación Ogro.

En septiembre de 1973 el comando regresó a Madrid. El grupo estrenaba nombre, comando Txikia, en honor de un recientemente fallecido militante. Al grupo se había incorporado un nuevo miembro, en calidad de responsable, Kizkur. Tal y como sospechaban, las medidas de seguridad se habían reforzado. Al presidente lo protegían tres nuevos guardaespaldas, por lo que la opción del secuestro se convierte en inviable. El planteamiento ahora es el de ejecutar al almirante, por las razones políticas que antes habían llevado a definirlo como la pieza clave para la pervivencia del franquismo sin Franco. Sin embargo, aunque Carrero seguía asistiendo a la misma iglesia y a la misma hora, la opción de eliminarlo se presenta problemática, dadas las nuevas medidas de seguridad.

Por otro lado y lada la desazón que produjo en la organización despedirse de la posibilidad de un canje de prisioneros, otro comando fue encargado de intentar realizar el secuestro de otra personalidad con el objetivo de intentar realizar una operación de intercambio. Para esta acción fue seleccionado el ex ministro de comercio, Alberto Ullastres, que en calidad de miembro destacado de la facción opusdeísta del Gobierno, era una persona de gran importancia y estaba encargado de las relaciones con la Comunidad Europea. El 7 de noviembre se intentó la captura de Ullastres, pero el diplomático no se encontraba en su domicilio en esas fechas y finalmente el plan no prosperó.

En cuanto a Carrero, tras varias semanas de análisis de las diferentes posibilidades para ejecutar la acción contra su persona, se han descartado ya todas las opciones barajadas, por juzgarlas imposibles o muy arriesgadas para los militantes o para terceros, y se está a punto de desistir. Pero un hallazgo casual reaviva la esperanza. En uno de los recorridos por las inmediaciones de la iglesia uno de los militantes encuentra un semisótano en alquiler en la calle Claudio Coello, paralela a Serrano, donde se sitúa el templo. Dado el sentido en el que está regulado el tráfico, el coche de Carrero ha de pasar todos los días por esa misma calle, que además es muy estrecha. De ahí surge la idea definitiva. Los militantes deciden alquilar el local, haciéndose pasar por escultores, y desde él perforar en el subsuelo un túnel hasta la calle. Luego excavarían en perpendicular al túnel un hueco formando una T, y a lo largo del palo corto de la T depositarían unas cargas explosivas que harían estallar al paso del coche del almirante.

Recibido el visto bueno de la dirección la acción se debería ejecutar cuanto antes. El sótano se alquiló el 10 de noviembre y el túnel se excavó entre los días 7 y 15 de diciembre, en unas condiciones realmente penosas por lo angosto de la galería y las filtraciones de gas en la misma. Tras varios retrasos se determina que la acción se realizará el día 20 de diciembre. A las 9'35 de ese día, el coche de Carrero enfila la calle Claudio Coello y al pasar junto al Austin que los militantes han colocado como señal, un miembro de ETA disfrazado de electricista hace detonar los 75kg. de dinamita que se habían instalado en el subsuelo, provocando la muerte en el acto de los tres tripulantes del Dodge Dart del presidente, Carrero, su chófer y su guardaespaldas. Las fuerzas de seguridad trasladadas al lugar de los hechos tardan unos minutos en darse cuenta de lo sucedido. La magnitud de la explosión había sido tal que el coche del presidente había salido propulsado por los aires hasta caer en el tejado del edificio anexo, por lo que los agentes pensarán que se ha tratado de una explosión accidental de gas y que no ha afectado al coche de Carrero. Para cuando la policía se percata de lo ocurrido los autores de la acción ya han huido de la zona.

La salida del comando de Madrid no será fácil, dada la alerta generada por el magnicidio. Inmediatamente se empiezan a suceder en la ciudad detenciones de personas políticamente activas, hasta sumar más de un centenar, aunque la policía no llegará a los autores ni a sus colaboradores. Aun así, ya desde el primer momento se filtran una serie de nombres que demuestran que la policía ha hallado pistas suficientes para identificar a parte de los responsables de la acción: Argala, Wilson, Atutxo, Josu Urrutikoetxea, Joseba Abaitua... A finales de diciembre, ETA organizará en Iparralde una rueda de prensa con cuatro encapuchados que aseguran ser los autores materiales de la acción, con la intención de aliviar la presión policial en Madrid y facilitar la huida del comando real, además de los fines propagandísticos. Pero no será hasta principios de enero cuando el comando pueda llegar sano y salvo a Iparralde.

El terremoto político ya se ha producido. La misma noche del atentado ETA hará público un comunicado de reivindicación en el que además de calificar la acción de respuesta a las muertes de los militantes de la organización acaecidas hasta ese momento afirma que esta acción servirá para acelerar las contradicciones dentro del entramado de poder de la dictadura.

“Por ello consideramos que nuestra acción llevada a cabo contra el Presidente del Gobierno español significará sin duda un avance de orden fundamental en la lucha contra la opresión nacional y por el socialismo en Euskadi y por la libertad de todos los explotados y oprimidos dentro del Estado español”.

(Comunicado, 20/12/1973)

A pesar de que la desaparición de Carrero estaba destinada a trastocar los planes de Franco de forma trascendental, las direcciones de muchos grupos políticos de la oposición la critican, celosos del protagonismo adquirido por ETA. Desde el lehendakari Leizaola, del PNV hasta las direcciones de ETA Sexta, MCE o del PCE lanzaron sus críticas cuestionando la validez de los métodos de lucha empleados o minusvalorando la repercusión de esta acción. La prensa del Régimen, anonadada por las dimensiones del golpe recibido, trató de buscar complicidades lejos de Euskal Herria para no reconocer la capacidad operativa de ETA. Circularon teorías que apuntaban a grupos extraños o a peregrinas conspiraciones como responsables del magnicidio: miembros del IRA, de la OAS, mercenarios... e incluso la CIA, que se estaría así desembarazando de un aliado molesto. ETA se ve obligada a emitir un total de cuatro comunicados en los últimos días de diciembre al objeto de desmentir el cúmulo de elucubraciones que se venían haciendo en la prensa y lanzando desde otros ámbitos políticos. Más tarde, en verano de 1974, se emitirá un documento firmado por el comando Txikia en el que se analizarán con mayor profundidad todas estas cuestiones.

Pero aunque a ciertos niveles se mantuviesen estas polémicas, en la calle la práctica totalidad de las personas opuestas a la dictadura habían recibido con alborozo la eliminación del sucesor de Franco. Más allá del sentimiento de venganza contra uno de los pilares de la dictadura, las consecuencias políticas de la acción no se le escapaban a nadie y la sociedad vasca, la del Estado español y los sectores más informados de la opinión pública internacional contemplaron con asombro cómo un grupo armado vasco, en una acción sin precedentes, había dinamitado los planes de continuidad del franquismo.

Conscientes de esta sensación, y de lo novelesco y espectacular de la ejecución del atentado, ETA intentó aprovechar el filón propagandístico y encargó a la escritora Eva Forest la elaboración de un libro que recogiera los pormenores del atentado, además de sus justificaciones políticas. El proyecto se materializó a partir de la larga entrevista de Forest con los miembros del comando Txikia en marzo de 1974 en la villa del veterano anarquista Marc Legasse en Ziburu. Tras realizar el oportuno maquillaje por razones de seguridad, el libro vio la luz, firmado con el seudónimo de Julen Agirre y se convirtió rápidamente en un auténtico best-seller de la clandestinidad.