¿Relato imparcial?

"...En todos esos casos, en que se produjeron tiroteos y hubo muertos de ambas partes, sólo los miembros de las Fuerzas de Seguridad han sido considerados víctimas por el Gobierno Vasco. Y lo que es aún peor, cuando los únicos muertos han sido militantes de ETA o autónomos tampoco ha considerado, en la gran mayoría de los casos, que se produjera vulneración alguna del derecho a la vida de los militantes muertos a tiros."

Xabier Makazaga, investigador del terrorismo de Estado 

GARA

Cuando la Guardia Civil detuvo a cuatro personas acusadas de homenajear a la militante de ETA Lutxi Urigoitia, a la que esa misma Guardia Civil mató de un tiro en la nuca a bocajarro en Pasaia, en 1987, se supo que el Gobierno Vasco había incluido a Urigoitia en unas listas de personas a las que se había vulnerado el derecho a la vida y que dirigió a 128 ayuntamientos.

Entonces, el Gobierno se apresuró a aclarar que su caso lo habían incluido en el apartado de «casos que necesitan mayor contraste e investigación», y subrayó que no aseguraban que Urigoitia hubiese sido víctima de las Fuerzas de Seguridad, ni valoraban la pertinencia de impulsar homenajes en su recuerdo. Cabe recalcar que absolutamente todos los militantes de ETA y de los Comandos Autónomos Anticapitalistas muertos a tiros por las Fuerzas de Seguridad, e incluidos por el Gobierno Vasco en esas listas de personas a las que se ha vulnerado su derecho a la vida, se encuentran clasificados en ese apartado de casos no esclarecidos. Han incluido a todos ellos en dicho apartado, aunque en la mayoría de los casos esté más que claro lo que sucedió.

Es el caso, por ejemplo, de cuatro militantes autónomos muertos asimismo en Pasaia, como Lutxi Urigoitia. En la lista dirigida al Ayuntamiento de Pasaia, el Gobierno Vasco también ha incluido a esos cuatro militantes en el apartado de casos no esclarecidos, pese a que, tal y como se afirma en dicha lista, «partidos como PNV y EE catalogaron los hechos como ‘acto de fusilamiento’».

Según la versión oficial, los policías respondieron a los disparos de los militantes, pero en realidad éstos llevaban las armas en bolsas de las que jamás salieron. Encima, muchos de los 113 impactos de bala que recibieron, algunos a muy corta distancia, eran de postas, munición de uso prohibido para las Fuerzas de Seguridad.

Ese caso al menos lo han recogido en las listas de personas a las que se ha vulnerado el derecho a la vida, aunque pretendiendo que no está claro lo que sucedió, pero otros muchos no los han recogido en absoluto. Y no ha sido desde luego debido a errores u omisiones involuntarias, que se reconoce puede haber en esas listas, sino a causa de una clara voluntad de no incluirlos.

Así puede verse bien claro, por ejemplo, en la antes mencionada lista dirigida al Ayuntamiento de Pasaia, en la que el Gobierno Vasco ha incluido a Lutxi Urigoitia y los cuatro militantes autónomos. Una lista que comienza con el sargento de la Guardia Civil Jerónimo Vera muerto en 1974, en pleno franquismo, y donde se explica que se trató de un «intercambio de disparos durante una detención. En el tiroteo muere asimismo Iñaki Iparragirre Aseginolaza, miembro de ETA, de 18 años».

Ésa fue la versión oficial de los hechos, según la cual dos guardias civiles del servicio de información se dispusieron a detener a Iñaki Iparragirre «Iparra», se produjo un tiroteo y resultaron muertos uno de los guardias y el militante de ETA. A saber lo que sucedió en realidad, pero en todo caso está meridianamente claro que no se trató de un atentado, sino de un episodio similar al que se produjo en Pasaia cuando mataron a Lutxi Urigoitia. Por eso es tan difícil de entender que el Gobierno Vasco niegue que se vulnerara el derecho a la vida de «Iparra» y afirme que la única víctima de dicho tiroteo fue el sargento de la Guardia Civil.

Otro tanto ha hecho el Gobierno en varios casos similares, el más conocido de los cuales se produjo en Iruñea en enero de 1978. Dos militantes de ETA fueron, según “El País”, «sorprendidos por inspectores de Policía, entablándose a continuación un tiroteo» en el que ambos militantes resultaron muertos, además de uno de los inspectores de Policía.

El entonces Ministro del Interior Rodolfo Martin Villa resumió lo sucedido con una frase que pasó a la posteridad, «2 a 1 a nuestro favor», y ni qué decir tiene que el policía muerto está en todas las listas de víctimas de ETA. En cambio, a los dos militantes de ETA muertos entonces se les niega dicha condición y el Gobierno Vasco asegura que no se les vulneró el derecho a la vida.

En todos esos casos, en que se produjeron tiroteos y hubo muertos de ambas partes, sólo los miembros de las Fuerzas de Seguridad han sido considerados víctimas por el Gobierno Vasco. Y lo que es aún peor, cuando los únicos muertos han sido militantes de ETA o autónomos tampoco ha considerado, en la gran mayoría de los casos, que se produjera vulneración alguna del derecho a la vida de los militantes muertos a tiros.

Según dicho gobierno, durante el franquismo ETA vulneró el derecho a la vida de absolutamente todos los miembros de las Fuerzas de Seguridad que mató, empezando por el torturador Melitón Manzanas, pero dichas Fuerzas de Seguridad franquistas no vulneraron el derecho a la vida a la gran mayoría de los militantes de ETA que mataron. Y ha aplicado el mismo criterio en los casos de otros muchos militantes de ETA o autónomos muertos más tarde a tiros.

En su día, el general de la Guardia Civil José Antonio Sáenz de Santamaría dejó muy claro que los militantes detenidos les daban información (después de torturarlos a fondo, claro) y los muertos satisfacción. Sobran los ejemplos en los que fueron descaradamente a obtener la satisfacción mencionada por el general, pero el Gobierno Vasco no cree que en la gran mayoría de dichos casos se produjera vulneración alguna del derecho a la vida.

Por eso, salta a la vista que su relato no es en absoluto imparcial. Y el suelo ético que pretende imponer a la izquierda abertzale tampoco.