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2009/11/04

Entrevista a CEIVAR organizacion antirrepresiva de Galiza

"...debemos afirmar también que la lucha y los modelos organizativos vascos responden a una realidad concreta que no es la nuestra y, por tanto, su “copia” o la “exportación” no son posibles ni serían deseables"

Xoan Peres, responsable de organización de Ceivar
DIAGONAL

¿Puedes hacer una breve historia de Ceivar?
Ceivar es un organismo antirrepresivo que se ubica ideologicamente en el campo independentista, pero es organicamente independiente de estructuras políticas o sectoriales. Su constitución data de marzo de 2003 y tiene por objetivo facilitar asistencia legal a militantes inmersos en procesos represivos de índole policial, judicial, gubernamental o penitenciaria. Al mismo tiempo, desarrolla un trabajo “más político” o “menos asistencial” de visibilización social de la represión y de dinamización de respuestas colectivas a este fenómeno antidemocrático. En estos casi siete años, el organismo ha dado asistencia a cientos de militantes y sacó a la calle una represión que, por selectiva, ocultada y personalizada, pretendía ser invisible. Además, Ceivar se ha convertido en un referente legítimo de lucha para miles de personas y tiene una audiencia que va mucho más allá de la propia militancia independentista. Imagino que es este trabajo combinado de solidaridad, denuncia y movilización el que hace que nuestro nombre ya suene criminalizado en juicios como el del pasado 3 de octubre, como parte de organigramas fantásticos…

En el último juicio la petición fiscal era inicialmente de ocho años de condena, que luego pasó a cinco y que finalmente ha quedado en una condena a un año de prisión. ¿Cómo valoras el juicio y la sentencia?
El tribunal en cuestión es un tribunal político de excepción, por tanto sus resoluciones no se pueden interpretar en clave jurídica, sino que deben valorarse en el marco de una estrategia represiva que, en última instancia, se amolda a cada terreno concreto para procurar su máxima efectividad. El impulso político que late detrás de la sentencia dictada es pues determinante y así hay que leerla. Desde esta óptica, interpretamos la sanción relativamente “benigna” dictada contra Vigo y Gorgas como expresión de dos cuestiones simultáneas: por un lado, el Estado, en la coyuntura actual, considera que no es rentable aplicar el talón de hierro a los independentistas gallegos en base a una serie de cálculos políticos y represivos de alcance. Por otro, el hecho de que la solidaridad y la denuncia creen redes comunitarias que se identifican con la lucha de los represaliados, al margen de su dimensión cuantitativa, tampoco interesa al Estado. Tras escuchar los informes políticos de inteligencia que se presentaron en el último juicio, la sentencia evidencia que, hoy, los ritmos de la estrategia represiva de la Guardia Civil contra el independentismo gallego no coinciden exactamente con los que marca el Ejecutivo a través de la Audiencia Nacional. Con algo más de perspectiva temporal vemos también como procesos represivos anteriores –Operación Castiñeiras en 2005; juicio de Giana Gomes y Ugio Caamanho en 2008, etc.- siguen esta tónica general de ponderar la represión que en absoluto es casual.

En la Audiencia Nacional se está volviendo habitual que los informes policiales se conviertan en elementos incriminatorios: ¿qué es el informe Castiñeiras?
La Operación Castiñeiras, como la denominó la Guardia Civil en su día, fue una operación policial contra la Assembleia da Mocidade Independentista (AMI) iniciada en noviembre de 2005. Se saldó con la detención, incomunicación y registro de los domicilios de 11 militantes acusados de integrar una “asociación ilícita” implicada en acciones ilegales contra poderes económicos y políticos; el asalto policial a varios centros sociales, una intensa criminalización y el sometimiento de AMI a un régimen de excepcionalidad represiva que, con distintas intensidades, se prolonga hasta el día de hoy. Por sintetizar diremos que el sumario nacido de la Operación Castiñeiras fue archivado por la propia Audiencia Nacional en 2008. Aún así, la Guardia Civil insiste, como se vió en el último juicio contra independentistas, en defender su vigencia y anuncia incluso que “se podría reabrir”. La inclusión de estas investigaciones sobre AMI en juicios contra militantes gallegos revela en nuestra opinión que sus autores no han renunciado a sus objetivos represivos máximos. Por otra parte, la sentencia ni invalida ni certifica estos informes, sino que no desestima su empleo.

En el último juicio, la acusación y la Guardia Civil intentaron que se aplicara el agravante de terrorismo. A tu juicio, ¿con qué objetivo?
Cuando en 2007 son detenidos Vigo y Gorgas en posesión de un artefacto incendiario para sabotear la construcción de una gran área comercial en O Barbança, la Guardia Civil y los medios anuncian que ambos pertenecen a una “organización terrorista” desconocida en Galiza y cuya existencia no ha sido establecida por ningún tribunal español. El juez Grande-Marlaska apunta que los detenidos podrían “pertenecer” a esa “organización”, pero finalmente esta acusación se retira del paquete de cargos enmarcando la actuación en el “terrorismo individual”. ¿Cuáles son los objetivos de esta caracterización? Consideramos que permitir la detención incomunicada, criminalizar la lucha y, llegado el caso, inflar las condenas y favorecer un tratamiento represivo acorde con esa definición.

Uno de los argumentos para relacionar al independentismo gallego con el terrorismo es la existencia de un denominado Movimiento de Liberación Nacional Gallego. ¿existe tal MLNG?
El Movimento de Liberaçom Nacional Galego no es una organización ni un grupo clandestino, como muchas veces se desprende de la literatura que sale de cuarteles, juzgados y redacciones periodísticas. Con estas siglas nos referimos más bien a un movimiento social y político no articulado que integran miles de personas y reivindica con su lucha la liberación nacional y social de nuestro país. Al MLNG lo nuclea, al margen de filiaciones, el horizonte de lucha y esta se expresa en organizaciones juveniles, políticas, sindicales, culturales, feministas, ecologistas, etc. que exigen la superación del actual marco constitucional en clave soberanista. El foro Causa Galiza puede ser, a día de hoy, una de las expresiones comunes de este movimiento… Sin embargo, la definición policial actual de MLNG –cuando menos, la manejada en juicios políticos- es otra: el movimiento estaría formado, según la Guardia Civil, “por AMI, Ceivar y la Associaçom de Montanheir@s Águas Limpas”. Entendemos que esta definición irrisoria no responde a la falta de pericia investigadora de sus autores, sino a una fijación de estas estructuras del MLNG como “objetivos”. De hecho, mentar a AMI ya es habitual en los procesos en la Audiencia Nacional y el nombre de Ceivar sigue por un camino similar.

Al respecto, el MLN vasco ha ejercido bastante atracción e influencia en el resto de los movimientos independentistas del Estado español, pero formalmente ¿no está reproduciendo el independentismo gallego, en cierta forma, una estructura similar?
La referencialidad que tiene la lucha vasca no se limita sólo al Estado español, o a las luchas de liberación nacional que se desarrollan en su interior, sino que tiene proyección europea e incluso internacional. Por estas mismas razones, el pueblo vasco tiene la desgracia de haberse convertido en un laboratorio represivo preferente a nivel europeo.

Dicho esto, debemos afirmar también que la lucha y los modelos organizativos vascos responden a una realidad concreta que no es la nuestra y, por tanto, su “copia” o la “exportación” no son posibles ni serían deseables. Si en nuestro país se han creado organizaciones juveniles, centros sociales, sindicatos, etc. ha sido simplemente porque existió la necesidad de hacerlo, no por mimetismo respecto a procesos ajenos. La constitución de Ceivar, por ejemplo, es el resultado de una represión política que está a la orden del día y exige organizarse para combatirla, no por una voluntad de crear “algo como Askatasuna”, según apunta la Guardia Civil.

Hace ya unos meses salió a la luz que la Guardia Civil tenía instrucciones de recoger datos -de matriculas de coches que tuvieran pegatinas independentistas, de personas activas en movilizaciones... ¿Cómo analizas esa labor ‘informativa’?
No sólo eso, sino que la noticia descubría que la Guardia Civil también recopila datos de cualquier vehículo que porte elementos simbólicos gallegos. Desde nuestra óptica, este dato verifica una vez más que es una fuerza de ocupación y aborda el aumento de la conciencia nacional de nuestro pueblo como “problema” y realidad a debilitar. La realización de “trabajos” como los que indicas, la existencia de informes político-policiales sobre independentismo o las continuas tentativas de comprar confidentes en nuestro tejido asociativo hablan claro de a qué se dedica la Guardia Civil en Galiza y en otros territorios.

¿Cómo describirías la situación represiva en Galiza, no sólo en el ámbito independentista de izquierdas si no también de los movimientos sociales, vecinales, ecologistas,…
La definimos muchas veces como una “represión de baja intensidad”, es decir, a la vista de nuestra realidad sociopolítica, de los niveles de articulación organizativa, influencia social y combatividad de los movimientos sociales y, en particular, del independentismo, el Estado valora innecesarias grandes exhibiciones de contundencia represiva: busca sus objetivos sin hacer una inversión represiva exagerada que genere movimientos reactivos. Habrá tiempo de apretar más las tuercas si la lucha social y política avanza y ya han demostrado, en distintos contextos históricos, también recientes, de qué son capaces… Aún así, bajo esta “represión de baja intensidad”, hay una regularidad evidente en el empleo de la policial contra la población (recientemente, Metal, bateeiros, gadeiros, etc.); se judicializan los múltiples focos de conflicto social solicitando penas de prisión para activistas y, sobretodo con el PSOE, se aplica una represión económica generalizada que canaliza la Delegación del Gobierno de España en Galiza y se ha expandido hasta límites impensables contra movimientos sociales, sindicales y políticos de contestación. El independentismo, por su carácter de proyecto estratégico, y no meramente puntual o sectorial, ha enfrentado y enfrenta todas estas formas de represión en su máxima expresión.

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