Jtxo Estebaranz, historiador militante y activista autónomo
La iniciativa gubernamental incide en claves de derrota, división y demonización del conglomerado de izquierda abertzale. Derrota que pretende afianzarse tras sucesivas detenciones (con cadencia sospechosa) de militantes o estructuras atribuidas a ETA y División aireando informes o confidencias que instan a proyectar la sombra de la desconfianza sobre la capacidad negociadora o sobre la sinceridad por la nueva apuesta, lo que es complementado con el uso desvergonzado de arrestos y condenas arbitrarias a responsables políticos. La demonización persigue afianzar la imagen de una impronta perversa ya en origen del adversario, inherente pues a su propio proyecto. A caballo entre ambas se coloca el nuevo impulso judicial y legislativo que persigue acabar con la prescripción de ciertos delitos que en el contexto de un proceso tan longevo como el vasco, reabren viejas heridas y garantizaría nuevos procesos penales, aportándoles el uso del chantaje ante una cadena perpetua factual.
A la par y de boca de portavoces autorizados asistimos al destape de la estrategia llevada a cabo en los dos últimos años, destape mediante el que se fija un relato en clave acumulativa de este último periodo para la causa independentista. Se dibuja así un crescendo tras seleccionar y colocar una serie de hechos políticos y movilizaciones que explicarían incuestionablemente la apuesta política actual como una conclusión obligada que responde al éxito de aquella previa estrategia y que ya sólo requiere de un impulso colectivo ilusionado. Así, sus declaraciones en el asambleario 3 de marzo o el 8 feminista los reducen y enclaustran en esta lógica acumulativa mediante una pirueta discursiva que los presenta ahora como precedentes del ciclo actual o como cuestiones a resolver en la futura consecución del nuevo marco.
Esta tesitura es doblemente compleja para quienes impulsan la proliferación y profundización de los conflictos sociales como medio de extensión de las lógicas emancipatorias. En estos inicios de un Proceso de Paz plagado de zancadillas y atajos, las iniciativas radicales que no se supeditan al guión táctico se colocan en soledad política y al filo del desamparo. La experiencia histórica vasca nos recuerda que ante contextos similares, la estrategias represivas y mediáticas gubernamentales han abonado la querencia al uso del a quién beneficia para instar a una desafección rampante de los hechos activistas que se sitúen fuera de la pretendida hoja de ruta. En el mejor de los casos, las estrategias militantes que inciden en campos que puedan llegar a fraccionar aquel proceso de acumulación política anhelado deben saberse cuando menos ya orilladas.
Partiendo de esto y desde instancias radicales, la administración sopesada de las propias potencialidades activistas y la diversificación de alianzas tácticas y de incidencia en lo social resultan imprescindibles. Pero la elaboración preventiva de recursos y debates militantes ante una eventual fatalidad o una instrumentalización mediático-represiva de un hecho o proceso que conllevará el distanciamiento público de aliados históricos, es ya una necesidad perentoria.
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