"El PP asume una parte del discurso de la
extrema derecha europea, de Le Pen, del UKIP y Amanecer Dorado. Aún no
llega a los extremos de éstos, pero está tanteando el terreno. Quien
convulsiona la convivencia con fines electoralistas no parece tener
demasiados escrúpulos."
Iker Casanova
NAIZ.info
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La
actitud de Maroto es una estrategia desesperada pero calculada y ha
conseguido involucrar en ella a un PP vascongado en decadencia y sin
rumbo. Un PP que ya coqueteó con las posiciones de la extrema derecha
cuando hace dos años Basagoiti declaró «Por una sanidad para todos, pero
primero para los de casa». Ahora el ataque es frontal y sistemático
tanto a la inmigración como a las ayudas sociales. Están jugando con
fuego.
Maroto miente. En la red pueden encontrarse dossieres
enteros que trituran el discurso de Maroto punto por punto, demostrando
que lo que dice es objetivamente falso y, según los criterios de
organismos como la ONU, racista y xenófobo. Maroto habla de altos
niveles de fraude en las ayudas sociales en Gasteiz, pero su concejala
de Asuntos Sociales afirmó que los controles permitían un nivel de
fraude 0 en las ayudas concedidas por el Ayuntamiento. Si se refiere a
la RGI, Lanbide sitúa en el 1% el fraude registrado. Por tanto, el
fraude en la RGI es casi nulo y en las ayudas municipales, inexistente.
Tampoco
es cierto que determinadas nacionalidades vivan sistemáticamente de
estas ayudas. Maroto da datos falsos al confundir deliberadamente ser
atendido por los servicios sociales con percibir una ayuda económica.
Sólo uno de cada cinco magrebíes cobra RGI y de los que lo hacen la gran
mayoría son personas que han perdido su empleo, es decir, que sí han
venido a trabajar. La RGI tampoco provoca efecto llamada. Las personas
no emigran a zonas donde hay ayudas sociales sino a donde hay trabajo.
Estas
mentiras se retroalimentan con los bulos xenófobos y clasistas que
circulan en muchos ámbitos. Se afirma que las ayudas, aun las percibidas
de forma legal, se conceden sin control, son muy generosas, fomentan el
parasitismo, se dan sólo «a los de fuera»... Sobre esto, sin ser
exhaustivos, hay que señalar algunas cuestiones: Los inmigrantes no
tienen ninguna preferencia a la hora de percibir ayudas; los inmigrantes
no agotan la RGI porque la RGI no se agota, se concede a toda persona
que cumpla con las condiciones; no es cada vez más fácil acceder a la
RGI, al contrario, se han endurecido los requisitos para conseguirla;
los extranjeros cobran durante menos tiempo la RGI que los «autóctonos»;
los inmigrantes hacen un menor uso de los sistemas de protección social
como pensiones o sanidad y tienen un mayor porcentaje de pertenencia a
la población activa.. Más de una cuarta parte de los que reciben RGI son
pensionistas que complementan así sus bajas pensiones. 13.392 son
mujeres autóctonas con estudios básicos e hijos a su cargo. Hay muchos
perceptores que tienen empleo y complementan sus míseros salarios con
esta prestación. Y también hay inmigrantes, un tercio del total,
sobrerrepresentados en esta situación de dificultad económica porque son
los que más duramente han sufrido la destrucción de empleo. La actitud
de Maroto y el PP convierte a los más débiles en presuntos defraudadores
y añade a la tristeza que produce no tener un trabajo la desagradable
sensación de sentirse criminalizado.
Puede haber irregularidades y
abusos en torno a las ayudas sociales que, por supuesto, deben
eliminarse. Pero cuantitativamente las anomalías no son significativas y
quedan más que compensadas por el efecto paliativo que estas ayudas
generan sobre la cohesión social. La RGI en particular es la tabla de
salvación de más de 60.000 familias vascas, la diferencia entre una
crisis dura, como la que estamos viviendo, y la miseria y el hambre. Si
hay que cambiarla es para mejorarla y garantizar que llega a todo aquel
que la necesita. Sin embargo, cada vez que el PP habla de ayudas
sociales es para relacionarlas con el fraude y pedir más control y
recortes, tratando de crear la falsa sensación de que estas ayudas son
un coladero y un lastre. El PP busca canalizar hacia los inmigrantes y
los pobres la frustración y la rabia que provoca la crisis para eludir
su responsabilidad. Es una vieja historia. Al Poder le resulta útil
crear un falso culpable al que acusar de sus propios errores. Ahora que
la indignación generalizada apunta al sistema que representa Maroto,
éste señala a los inmigrantes. «Viven del cuento, nos arruinan, por su
culpa no hay dinero...»
Pero la culpa de la crisis y de que falte
dinero para políticas sociales no la tienen los inmigrantes, la tiene
gente como Maroto. Si Maroto quiere buscar colectivos que alberguen un
alto porcentaje de defraudadores que empiece por sus propias filas. Hay
muchos más delincuentes por metro cuadrado en el PP que entre los
perceptores de ayudas sociales. El PP ha llegado a tener imputados por
corrupción al 20% de sus 55 diputados en las Cortes Valencianas. Si
tenemos que establecer el perfil del defraudador, del corrupto, del gran
delincuente económico no pensemos en un inmigrante o un pobre. Más bien
nos debe venir a la mente una persona trajeada, con aspecto impecable y
votante o afiliado del PP. Alguien como Fabra, Jaume Matas, Bárcenas,
Correa, Baltar... por no hablar de otros que aún no están condenados...
No son casos aislados. La corrupción es estructural en el Estado
español. El sistema creado por el PP y el PSOE está diseñado para que no
pillen a los corruptos, si les pillan no les condenen, si les condenan
no cumplan y si cumplen que sean penas mínimas. Los líderes
empresariales y políticos tienen cuentas en Suiza, las grandes empresas
operan en paraísos fiscales, en el País Vasco los empresarios declaran
menos rentas que los asalariados, el fraude fiscal es de miles de
millones... y quieren convencernos de que el problema son los
inmigrantes y el fraude en la RGI.
La estancia del PP en la alcaldía
de Gasteiz y la diputación de Araba tiene fecha de caducidad: mayo de
2015. La desesperación que produce esta constatación en los cargos
institucionales del PP les ha llevado a cruzar una línea roja, que antes
no se había atravesado jamás en la política vasca: usar el racismo como
arma electoral. Maroto lanzó la primera piedra y su partido le ha
secundado. Acusar falsamente a comunidades enteras de parasitismo es
racismo, no tiene otro nombre. Es innegable que la inmigración, junto a
muchas ventajas, lleva también aparejada una serie de problemáticas a
las que hay que hacer frente. Pero estos problemas requieren ser
tratados con serenidad, calma, reflexión, inteligencia y delicadeza. Lo
que no se puede hacer es jugar groseramente con estas cuestiones para
arrancar un puñado de votos. Maroto y el PP están sembrando el odio y la
discordia, azuzando los bajos instintos para provocar una confrontación
social de la que sacar réditos electorales.
En la sociedad vasca
existe poco racismo declarado y algo más de racismo latente, no
generalizado ni mayoritario pero sí extendido. La tarea de la gente
responsable debe ser contener esos impulsos y fomentar actitudes que
fortalezcan la igualdad y la convivencia. Cuando un partido asume el
discurso racista y lo convierte en propuesta política, lo dignifica, lo
saca del ámbito de lo privado y vergonzante en el que se situaba hasta
ahora. Deja de ser un comentario de barra de bar o de foro de “El
Correo” para convertirse en una oferta política «respetable». Se pierde
el miedo a hacer en público un discurso racista y la bola empieza a
rodar. Aparece el riesgo de consolidación de la oferta xenófoba. El PNV
trató con extrema tibieza las inaceptables declaraciones de su alcalde
en Sestao. Ahora el PP asume el racismo de Maroto y le da cobertura.
Caballo de Troya. Así se empieza. No podemos permanecer pasivos ante
este intento de introducir el discurso de la extrema derecha en la
política vasca. Le Pen ad portas.
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