"La Justicia española no ha tenido el menor interés en esclarecer ninguna
de las numerosas acciones de guerra sucia perpetradas durante décadas.
Ni las autoridades"
Xabier Makazaga Canarias-semanal.org
Una de las víctimas mortales de los GAL, Tomás Pérez Revilla, ya
había sufrido otro atentado terrorista en Iparralde, el 21 de marzo de
1976. Entonces, era considerado como uno de los dirigentes de la rama
“militar” de ETA por la Policía española, y fue ametrallado usando unas
Mariettas que más tarde se demostró había comprado dicha Policía en
EE.UU.

Ese artículo de La Voz de España estaba escrito con ese inconfundible
estilo que ha llegado hasta nuestros días en la pluma de algunos
periodistas a los que les encanta abrevar en “fuentes antiterroristas”.
Sobre todo, en la sucia pluma de Jesús María Zuloaga, subdirector del
diario La Razón. Y ya es casualidad que su padre, del mismo nombre,
fuera precisamente el que dirigía entonces La Voz de España.
Tres meses después de la publicación de aquel artículo, el dirigente
de ETA político-militar Eduardo Moreno Bergaretxe “Pertur” desapareció
en Iparralde, cerca de la muga, y las Fuerzas de Seguridad y autoridades
españolas volvieron a recurrir a la tesis del “ajuste de cuentas”
entre miembros de ETA. Un recurso archiconocido en todas las guerras
sucias, y que el Estado español ha empleado en varios conocidos casos:
Tomás Alba, Santi Brouard, Josean Cardosa...
En el caso de Pertur, obtuvieron excelentes resultados, pero en el
del atentado contra Tomás Pérez Revilla el montaje se les vino abajo
debido al imperdonable error que cometieron. Un error que explicaron los
periodistas Melchor Miralles y Ricardo Arqués en su libro Amedo: el
Estado contra ETA. «Los responsables del Ministerio del Interior y los
de los servicios de Información de la Presidencia» borraron la
numeración inscrita en el exterior del cañón de las Mariettas, pero no
la inscrita en su interior, cuya existencia desconocían.
Los Servicios Secretos españoles pusieron aquellas armas en manos de
neofascistas italianos, para que atentaran contra los refugiados vascos,
y en efecto las usaron en varios de los atentados cometidos en la
primera etapa de la guerra sucia en Iparralde, que duró de abril de 1975
a octubre de 1976. Ahora bien, también usaron dichas armas para cometer
otros atentados terroristas bien sonados, como el asesinato del
conocido juez antiterrorista italiano Vittorio Occorsio.
Al neofascista que lo asesinó el 10 de julio de 1976, Pier Luigi
Concutelli, la Policía italiana le intervino la Marietta que utilizó en
el atentado y descubrió que había sido comprada por la Policía española
en EE.UU., gracias al número inscrito en el interior de su cañón. Y
cuando los jueces italianos preguntaron una y otra vez al respecto a las
autoridades españolas, jamás recibieron respuesta alguna.
Los italianos también demandaron información sobre múltiples acciones
de guerra sucia cometidas por los neofascistas italianos en los estados
español y francés, entre las que se incluía el secuestro de un miembro
de ETA que no podía ser sino Pertur. Volvió a ser absolutamente en vano.
Las autoridades españolas jamás respondieron.
Tampoco lo hicieron respecto a una agenda que la Policía italiana
intervino a Concutelli y que contenía nombres y números de teléfono de
agentes de las Fuerzas de Seguridad españolas. Agentes entre los que se
encontraba uno que después ocupó importantes cargos, el comisario Ramón
Lillo, futuro jefe de seguridad de la Audiencia Nacional.
En 1985, el diario El País publicó un par de informaciones sumamente
comprometedoras para Lillo. Primero, dio a conocer los nombres que
aparecían en las agendas ocupadas a Concutelli por la Policía italiana.
Un par de semanas después, sacó a la luz un informe elaborado por la
Comisaría General de Información, que contenía las detalladas
declaraciones realizadas por otro neofascista italiano, Giuseppe
Calzona, cuando fue detenido en Madrid, en julio de 1984.
Calzona dio en comisaría detalles precisos sobre sus andanzas durante
1976, año en el que participó en la Operación Reconquista, en
Montejurra, donde mataron a dos militantes carlistas. Según declaró, ese
año también tomó parte en un grupo mercenario que cometió varios
atentados de guerra sucia en Iparralde; entre ellos, el perpetrado
contra Pérez Revilla. Y precisó que era Lillo quien comandaba dicho
grupo mercenario.
Tras ello, Calzona, que estaba reclamado en Italia por asesinato,
exigió ser puesto en libertad, amenazando con dar detalles
comprometedores para el Estado español en caso contrario.Así constaba en
el citado informe de la Comisaría General de Información y, en efecto,
no lo extraditaron, sino que fue liberado y nunca más se ha vuelto a
saber de él.
La Audiencia Nacional denegó asimismo la extradición de otros cuantos
neofascistas italianos reclamados por jueces de su país, argumentando
que los asesinatos los habían cometido por motivos políticos. Todos
aquellos mercenarios estaban ligados a la guerra sucia, y la Audiencia
impidió así que se pudieran esclarecer no pocas acciones cometidas con
aquellas famosas Mariettas. Y también el secuestro de Pertur.
La Justicia española no ha tenido jamás el más mínimo interés en
esclarecer hasta las últimas consecuencias, ni ese secuestro, ni ninguna
otra de las bien numerosas acciones de guerra sucia perpetradas durante
décadas. Y las autoridades tampoco.
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