Poner fin al genocidio carcelario. Salhaketa

"...lo más terrible de la política carcelaria durante el postfranquismo no es solo su perpetuación, sino el balance de víctimas mortales, de personas y familias cuyas vidas se han visto destrozadas como consecuencia directa o indirecta de la prisionización. Nos referimos a las miles de personas fallecidas durante las tres últimas décadas por motivos no naturales..."

Cesar Manzanos
Salhaketa

Bajo el lema ¿Todos somos presos? se fundó hace 30 años la asociación de apoyo a las personas presas y sus familiares, Salhaketa. En todos estos años al igual que otros movimientos locales, nacionales e internacionales hemos venido trabajando en defensa del respeto a los derechos fundamentales a la vida, a un trato digno, a la intimidad, a la salud, a la educación o al trabajo que formalmente asisten a quienes son objeto de detención, aplicación de medidas de seguridad y reclusión. Derechos que no pueden suspenderse y mucho menos instrumentalizarse con fines represivos y/o mercantiles

El objetivo final de nuestro movimiento de denuncia pública y jurídica, de acompañamiento a las personas presas y sus familiares, es desaparecer en el momento en el que nuestra sociedad se libere de la necesidad de la cárcel y desarrolle otras formas de entender y reaccionar ante los conflictos distintas a la penalización y al recurso al castigo.

Sin embargo, hoy más que nunca, estamos totalmente alejados de este objetivo. Los indicadores son claros y contundentes: recurso sistemático a la penalización, transformación de la maquinaria punitiva en un negocio con la construcción de nuevas cárceles, extensión del castigo a cada vez más sujetos sociales, endurecimiento de las condiciones de encarcelamiento, cumplimiento de condenas en prisiones alejadas del lugar de residencia habitual del reo, alargamiento de la penas o recurso a penas más severas propias del antiguo régimen.

Durante las tres últimas décadas estamos asistiendo a la construcción de una sociedad penitente y premoderna que viola sistemáticamente sus principios constitutivos aplicando políticas que potencian la desigualdad en la aplicación de las leyes y por tanto violan el principio de igualdad (criminalización selectiva hacia los sectores depauperados y disidentes de la sociedad), que potencian la desproporcionalidad aplicando sanciones privativas de libertad totalmente brutales y por el contrario exculpatorias según quien sea el sujeto encausado (derecho penal del enemigo) utilizando el derecho como una auténtica arma de guerra, violando así el principio de proporcionalidad.

Pero lo más terrible de la política carcelaria durante el postfranquismo no es solo su perpetuación, sino el balance de víctimas mortales, de personas y familias cuyas vidas se han visto destrozadas como consecuencia directa o indirecta de la prisionización. Nos referimos a las miles de personas fallecidas durante las tres últimas décadas por motivos no naturales como consecuencia de la no aplicación de medidas preventivas y de tratamiento en materia de enfermedades infecto-contagiosas, las enfermedades mentales con resultado de muerte y/o suicidios como consecuencia directa de la prisionización, aislamiento, desatención médica y un largo etcétera de situaciones de abandono y deficiencias endémicas propias del sistema carcelario.

Éstas víctimas las podemos contar por decenas de miles y sin embargo no son reconocidas, están condenadas al olvido cuando no despreciadas. Son víctimas invisibilizadas y su existencia evidencia el rostro más crudo del actual estado carcelario: el uso del derecho como arma para el ejercicio arbitrario, indiscriminado y cruel de la violencia que se ensaña con aquellos a quienes quiere convertir en chivos expiatorios de los males sociales que produce.

No nos olvidemos que estas víctimas del genocidio carcelario, son también el resultado de la vulneración de los derechos de las personas encarceladas en aras de garantizar la gobernabilidad del propio sistema carcelario o de perpetuar la sociedad punitiva que lo sustenta. Por eso hoy más que nunca resulta imprescindible visibilizar esta realidad y movilizarnos unitariamente para avanzar hacia de abolición de la actual política carcelaria genocida.

El Magreb se levanta contra los dictadores

"...la juventud argelina forma más del 70 % de la población, pero en las políticas oficiales no se ofrece nada de apertura ni se ocupan seriamente de estos millones de jóvenes abandonados a su suerte sin la menor esperanza en el horizonte. Están abocados tanto a un paro endémico, a la toxicomanía y a la prostitución, a la hogra [injusticia] y a los intentos desesperados de migración clandestina y con frecuencia suicida..."

Zehira Houfani Traducido para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

Este inicio del año 2011 estará marcado por el movimiento de las revueltas populares que está sacudiendo el Magreb. Revueltas del hambre, dicen algunos, pero seguramente por la justicia y el final de las dictaduras y otros regímenes mafiosos que gobiernan estos países por la fuerza y la represión. Mientras que en Túnez prosiguen los disturbios desde hace algunas semanas, en Argelia los barrios populares de la capital y de las grandes ciudades se inflaman desde el miércoles [5 de enero] en la explosión de cólera de los jóvenes alimentada por una realidad cotidiana de lo más absurda en un país que se hunde bajo el peso de los petrodólares, de los que se apoderan abiertamente desde hace años los déspotas en el poder.

Se calcula que la juventud argelina forma más del 70 % de la población, pero en las políticas oficiales no se ofrece nada de apertura ni se ocupan seriamente de estos millones de jóvenes abandonados a su suerte sin la menor esperanza en el horizonte. Están abocados tanto a un paro endémico, a la toxicomanía y a la prostitución, a la hogra* [injusticia] y a los intentos desesperados de migración clandestina* y con frecuencia suicida, como a la indigencia, este descomunal vacío cultural y político de un país al que han abandonado el sentido común y la sal de la vida porque está asfixiado bajo las leyes del estado de emergencia, destruido por la corrupción de los gobernantes y sometido a la ignorancia y a su más fiel avatar: la intolerancia.

Saliendo a las calles para manifestarse violentamente contra sus opresores los jóvenes magrebíes ponen así al mundo por testigo de su desesperación, pero indican también su resentimiento hacia sus elites y otros dirigentes de la oposición. Esto es tanto más cierto en Argelia, donde los jóvenes se sienten dejados a su suerte y abandonados por las generaciones precedentes, la de la Revolución, que fue la gloria del país, y la de la Independencia, que nunca supo asumir el papel que era el suyo, es decir, realizar el Estado de derecho, objetivo último de la Revolución argelina.

Desde la violación de la constitución por parte del presidente Buteflika para regalarse un tercer mandato a pesar de que el balance de los dos anteriores ha sido de lo más deplorable tanto para el país entregado a los incondicionales del mercantilismo local e internacional con frecuencia sin escrúpulos, como para el pueblo sometido a unas condiciones de vida espantosas y que lucha denodadamente para sobrevivir al tiempo que es agredido por el lujo indecente que exhiben abiertamente quienes detentan el poder. La situación ha ido empeorando desde hace años pero hay que constar que al seguir humillando y despreciando al pueblo, reprimiendo la libertad de expresión, prohibiendo la apertura del campo político y mediático, garantizando la impunidad a los grandes violadores y corruptos conocidos por la opinión pública y denunciados por múltiples prevaricaciones y traiciones, el régimen de Buteflika es ya responsable de cualquier tragedia que amenace a Argelia.

El presidente ha faltado a todas sus promesas electorales, ha mentido a los argelinos y, peor, ha innovado en la mala gobernanza rodeándose de 13 o 14 ministros de su propio pueblo, con lo que vuelve a poner de moda el poder de los clanes en vez de moralizar un tanto las costumbres políticas iniciando y balizando una buena gobernanza, preludio del Estado de derecho que había prometido. El único deal [acuerdo, en inglés] que parece importarle al presidente aparte de la megalomanía y la vanidad que caracterizan a los dirigentes árabes, deal que ha ejecutado bien desde su llegada al poder, es el de bombear más petróleo para que el peculio que se reparte entre su clan y los militares sea cada vez más imponente y garante de una clientela totalmente entregada a su presidencia. Una clientela que ha elegido vivir lejos de la miseria ambiente, en unas fortalezas señoriales, ciudadelas inaccesibles con verdes extensiones y playas públicas privatizadas por “decreto” para robarlas al patrimonio público. Con el dinero del pueblo han edificado pequeños paraísos y se han convertido en los más afortunados de los millonarios porque contrariamente a los occidentales que con frecuencia se han esforzado para edificar sus fortunas, los dictadores, entre ellos los dirigentes argelinos, sólo tienen que recurrir al patrimonio público de sus países para saciar el menor de sus deseos. Una situación que el pueblo argelino ya no quiere soportar. Reivindica la dignidad humana que le ha confiscado el poder totalitario privándole de un mínimo decente para vivir, a saber, de una distribución equitativa de los recursos nacionales, el derecho a un trabajo correctamente remunerado, a una vivienda para fundar una familia y, por supuesto, esta libertad de pensar y de evolucionar serenamente. Tantas reivindicaciones que no se llevan bien con una dictadura sino que más bien exigen la instauración de un Estado de derecho .

¿Es esto en principio del fin de las dictaduras en el Magreb? La pelota está en el campo de las elites y de los políticos íntegros de estos países que deben no sólo asumir las reivindicaciones de sus pueblos sino también hacer que se escuchen no sólo en las tribunas locales sino también en la escena internacional. Una manera de hacer ver sus responsabilidades a las grandes potencias que apoyan a las dictaduras despreciando a tantos pueblos del planeta. En adelante ya no puede perdurar la negación de los derechos humanos, ni en el Magreb ni en África ni en América Latina. Los gobernantes se han puesto de acuerdo para promover, e incluso imponer, la globalización de los mercados y hoy, en 2011, los pueblos se lanzan a la globalización de la democracia.

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* N. de la T.: El término utilizado por la autora es “harraguisme”, que procede de la palabra árabe “harraga” con la que se designa en el Magreb a las personas que antes de cruzar el Estrecho queman sus papeles para salir del país sin dejar rastro y dificultar así su repatriación. Por su parte, la palabra “hogra”, “desprecio” en dialecto argelino, es el término que expresa a la vez el desprecio, el abuso de poder y la injusticia de las autoridades argelinas hacia su pueblo.

Entrevista al historiador Xose Manuel Nuñez Seisas sobre el exterminio de los disminuidos durante el III Reich

"La sociedad alemana de los miembros de los "racial y genéticamente puros" miró hacia otro lado y disfrutó de los beneficios crecientes del peculiar Estado del Bienestar nazi."

Deia

Los nazis fueron los primeros en programar la eutanasia con el fin de eliminar a los elementos "débiles" de la sociedad ¿Qué les diferenciaba de otros planes eugenésicos?

La eugenesia estaba en boga en el primer tercio del siglo XX y tenía como origen la creencia en la ingeniería social: la ciencia permitiría purificar la sociedad de sus vicios, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y acabar con la criminalidad. El positivismo científico y la fe en las posibilidades de aplicación de la ciencia al cuerpo social acabaron generando un monstruo: la presunción de que era posible intervenir quirúrgicamente en la sociedad, sin el consentimiento de sus ciudadanos. Eso empezó con medidas como la esterilización secreta de los minusválidos psíquicos, que se llevó a cabo, pongamos por caso, en países como Suecia hasta la Segunda Guerra Mundial. El programa de eutanasia nazi supuso un paso adelante, pues postuló la segregación de los individuos genéticamente insanos y les aplicó con crudeza el darwinismo social: la selección de los mejores se convertía en la eliminación física de los disminuidos psíquicos y físicos. El proceso fue una radicalización acumulativa.

¿Aunque el Reich empleó la propaganda para justificar la eutanasia, cómo es posible que la sociedad alemana permitiera tal práctica?

Es una pregunta que los alemanes corrientes y los historiadores siguen planteándose. Los programas de eliminación de los disminuidos psíquicos fueron secretos, a las familias no se les informaba del destino final de sus allegados y, aunque había rumores y sospechas, nadie se preocupó de indagar qué ocurría. Por otro lado, fue un proceso menos masivo y gradual. Los judíos eran llevados en procesión a las estaciones de ferrocarril desde 1938-39 y todo el mundo podía verlos. En este caso, no. La sociedad alemana de los miembros de los racial y genéticamente puros miró hacia otro lado y disfrutó de los beneficios crecientes del peculiar Estado del Bienestar nazi.

¿Cómo es posible que la eutanasia acabara practicándose con otras personas, como "asociales", pacientes geriátricos y extranjeros?

Una vez dado el paso, el siguiente era eliminar progresivamente a otros miembros considerados nocivos para el cuerpo social. Y, después, a los pertenecientes a razas inferiores. Primero se experimentó con los prisioneros de guerra soviéticos. Según los planes nazi de conquista de la URSS, había que eliminar varios millones de personas ("comedores inútiles") y esclavizar al resto. Para ello se dejó morir de hambre y enfermedades a miles de prisioneros del Ejército Rojo, con los que se probó por primera vez el Zyklon-B. Con los disminuidos se utilizaron otros métodos, como los camiones con el tubo de escape hacia adentro. Después, se recorrió la retaguardia del frente soviético matando grupos específicos de población judía. Al final la solución final llevó al exterminio sistemático de todos los judíos europeos. El proceso fue una radicalización acumulativa, determinada por la cosmovisión racial nazi.

¿Es necesario un proceso de memoria histórica en Austria o ese país nunca mirará hacia atrás?

Austria ha sufrido una desnazificación a medias. Los miembros del partido nazi fueron purgados también en la posguerra. Lo que ocurre es que Austria optó por una externalización de la culpa. Tras la restauración de su independencia, su mensaje oficial fue que el país había sido la primera víctima del nazismo, obviando el masivo apoyo popular de que disfrutó la anexión, y que por lo tanto el Estado austriaco no era sucesor del Tercer Reich. De víctima de los nazis había pasado luego a ser víctima de los soviéticos. Por ello, Austria tardó muchas décadas en asumir el posible pago de indemnizaciones al Estado de Israel y declinó hasta los años 80 del siglo XX el asumir responsabilidades por las víctimas judías. En los últimos años se ha abierto paso una posición intermedia: el país como colectivo fue víctima del nazismo y de las consecuencias de la guerra, pero muchos austríacos tendrían responsabilidad a nivel individual por haber participado de forma activa en los crímenes nazis. No hay que olvidar que, en las SS, los austriacos estaban claramente sobrerrepresentados.

"Un punto de inflexión en la Transición" articulo sobre los Pactos de la Moncloa

"...el movimiento obrero y popular había tomado calles y fábricas, y se erigía como principal protagonista de la situación. La burguesía y los partidos que defendían una solución pactada con el antiguo régimen empezaron a discutir cuál era la manera de frenar el ascenso de las luchas sociales y, al mismo tiempo, enderezar el cuadro macroeconómico."

Jesus Jaen Urueña (Periodico Diagonal)

En torno a 1977, hay que recordar que se van a combinar dos situaciones altamente explosivas: la crisis económica y el ascenso de las luchas obreras y populares.

Entonces la inflación era del 44%, existía un endeudamiento externo de 14.000 millones de dólares, la balanza de pagos resultaba deficitaria en un 45% y el desempleo rondaba la cifra del millón de personas, tras la llegada masiva de los trabajadores migrantes que se habían ido a Europa.

En este contexto el movimiento obrero y popular había tomado calles y fábricas, y se erigía como principal protagonista de la situación. La burguesía y los partidos que defendían una solución pactada con el antiguo régimen empezaron a discutir cuál era la manera de frenar el ascenso de las luchas sociales y, al mismo tiempo, enderezar el cuadro macroeconómico.

Alrededor del Gobierno de la UCD, con Adolfo Suárez como presidente, se sentaron los principales representantes políticos y sindicales: Felipe González (PSOE), Santiago Carrillo (PCE), Tierno Galván (PSP), Triginer (Convergencia Socialista de Catalunya), Joan Raventós (Partit Socialista de Catalunya), Juan Ajuriaguerra (PNV), Miquel Roca (Convergencia), Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD), Manuel Fraga (AP que sólo firmó los acuerdos económicos y no los políticos), y los representantes de UGT y CC OO, Nicolás Redondo y Marcelino Camacho.

Los acuerdos ‘sellados’
Los representantes políticos y sindicales sellaron dos tipos de acuerdos: económicos y políticos. En primer lugar acordaron reducir el déficit y los gastos sociales. La subida de los salarios debía darse por debajo de la inflación (que rondaba un 50%), lo que supondría una brutal pérdida de poder adquisitivo para las clases trabajadoras. También se devaluó la peseta para aumentar las exportaciones y disminuir el déficit comercial, a la vez que se permitió el despido libre hasta el 5% de la plantilla.

El resultado de todas estas medidas, y algunas otras más, fue un control de los gastos, de la inflación (bajó al 16% en 1978), del déficit de la balanza de pagos, etc. Sin embargo, subió el paro hasta los dos millones y los salarios bajaron dentro del reparto de la renta nacional.

En lo político, los acuerdos tuvieron si cabe, un efecto aún más demoledor. Se podría decir sin ninguna duda que los Pactos de la Moncloa son el punto de inflexión de la Transición política española; gracias a ellos, la iniciativa que antes estaba del lado de los trabajadores y las clases populares, pasará a tenerla la burguesía y sus representantes políticos.

No podemos olvidar que si los Pactos fueron en octubre de 1978, un año después sería aprobada la actual Constitución española, donde se consagraba el nuevo modelo político: la Monarquía continuista del Franquismo, la bandera franquista, el himno; no se ‘ajustaban cuentas’ con el pasado, se mantuvo el viejo aparato represor como eran el Ejército, la Policía y la Guardia Civil; se diseñó un mapa político donde se impidió el ejercicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos, etc.

Algunas personas más jóvenes que las que vivimos esa situación se podrán hacer cargo ahora de la importancia que tuvieron estos pactos, y por qué motivo han sido tan reivindicados desde la derecha, la izquierda moderada y los tertulianos de la radio o la televisión. La ganancia para el sistema y el régimen político fue total, mientras que las pérdidas para la clase trabajadora y las personas integrantes de otras opciones políticas fueron decisivas

Cinco lustros de tortura e impunidad

"...desde 1986, más de 2.000 incomunicados han denunciado torturas, pero tan sólo en uno de esos casos, el de Kepa Urra en 1992, ha habido una condena firme contra torturadores"

Xabier Makazaga, Autor de Manual del torturador español

La reciente sentencia condenatoria contra cuatro guardias civiles por torturar a Igor Portu y Mattin Sarasola ha podido dar la impresión de que, tras largos años, la actuación de la Justicia española ha sido por una vez mínimamente digna en lo que se refiere a las torturas que sufren los detenidos incomunicados, pero al analizar dicho fallo se ve que esa dignidad ha vuelto a brillar por su ausencia.

En efecto, la condena se ha debido única y exclusivamente a la increíble cantidad de contundentes pruebas sobre lo realmente sucedido con Portu y Sarasola desde que fueron detenidos hasta que llegaron, dos horas después, al cuartel de Intxaurrondo, donde la opacidad total de la incomunicación cayó como una losa sobre ellos. Y pese a esas contundentes pruebas, los jueces han absuelto a once de los agentes y han impuesto penas mínimas al resto.

Además, han puesto especial énfasis en recalcar que las torturas «tuvieron por finalidad única y última» la venganza, sin que justifiquen en absoluto dicha aseveración, que ha alegrado sobrema- nera a la Guardia Civil, porque la sentencia descarta que la finalidad fuese obtener información, y «no cuestiona en absoluto la lucha antiterrorista».

La Guardia Civil también se ha felicitado de que «El fallo dice que se produjo una violencia excesiva tras la detención por parte de los agentes que intervinieron en ella, pero no en el período de incomunicación ni por parte de los agentes que participaron en la investigación». La sentencia apoya la versión de los torturadores y sus cómplices de que las denuncias de torturas son en su inmensa mayoría falsas.

Los magistrados no sustentan tal apoyo en prueba alguna, les basta con que lo digan los peritos de la Guardia Civil, y al mismo tiempo se escudan en una supuesta falta de pruebas a la hora de evitar pronunciarse sobre las torturas sufridas por Mattin Sarasola durante la incomunicación.

Éste explicó que lo sucedido en el monte «no fue nada comparado con lo que me hicieron después», durante aquellos cinco interminables días, pero los jueces han negado credibilidad a su testimonio.

Sin embargo, la sentencia da por probado que, durante la sesión de torturas en el monte, a Sarasola «constantemente le infundían temor al referirle que eso eran sólo los primeros veinte minutos, y que tenían cinco días más para hacer con él lo que quisieran. Sólo así se explica el estado de notable ansiedad con el que detenido llegó a la Clínica Médico-Forense para el primer reconoci- miento». Y también que «estaba coaccionado, amenazado, sobre todo en relación a la amenaza de detención a su hermano. Es por eso que tanto al médico forense de Donostia y posteriormente al médico forense de Madrid les manifestó que las lesiones se las había ocasionado en el forcejeo producido al intentar escapar. Éste es el discurso que los propios guardias civiles le dijeron que debía mantener».

Y tras dar todo ello por probado, no sólo dictaminan que no se puede probar que sucediese nada ilegal durante esos cinco días, sino que sacan la cara a los jueces de la Audiencia Nacional que dictaminaron que ni Portu ni Sarasola fueron en absoluto torturados, y que las detalladas confesiones de este último fueron manifestaciones espontáneas.

Todo aquel que tenga dos dedos de frente sabe de sobra cómo se consiguen esas confesiones. Sobre todo porque, en los casos de militantes vascos incomunicados, éstos se niegan a declarar cuando son detenidos en el Estado francés y en cambio «cantan» en el español. Todo el mundo lo sabe, pero al mismo tiempo en el Estado español son legión los que prefieren ignorarlo; entre ellos, el aparato judicial que estas últimas décadas se ha negado sistemáticamente a preguntarse sobre la razón de dichas confesiones, que en muchísimos casos, como el de Mattin Sarasola, no se sustentan en prueba alguna e implican innumerables años de prisión.

Así, desde 1986, más de 2.000 incomunicados han denunciado torturas, pero tan sólo en uno de esos casos, el de Kepa Urra en 1992, ha habido una condena firme contra torturadores, y también entonces lo único que dieron por probado los jueces fue lo que le hicieron en el monte. En aquel caso, el Tribunal Supremo redujo a un año la condena de cuatro que dictó la Audiencia de Bizkaia, y los torturadores fueron de inmediato indultados.

¿Qué sucederá esta vez? ¿Pisará finalmente la cárcel alguno de los agentes ahora condenados? No sólo me apuesto lo que sea a que no, sino que también me atrevo a vaticinar que serán ascendidos, condecorados y/o colocados en puestos de responsabilidad como la gran mayoría de los torturadores condenados.

El tiempo será testigo.

Entrevista al director de cine guatemalteco Alfonso Porres, sobre la memoria historica

"Hay nuevas dinámicas y nuevos procesos que permiten ver que hay un Estado paralelo que actúa contra la población indígena y los movimientos sociales"

GARA

¿Qué cuenta en su documental «La isla»?

Son unos archivos que se encontraron hace cinco años a partir de una explosión que hubo en el fortín militar de Mariscal Zavala. Se supone que en esa base se destruyeron los archivos. Hubo gente que denunció que existía un segundo arsenal y que posiblemente explotaría. La Oficina de Derechos Humanos envió al historiador Liberto Cifuentes, que descubrió el archivo de la Policía Nacional que tiene cien años de historia, hasta que se disolvió el cuerpo en 1996 como consecuencia de los Acuerdos de Paz. Se encuentran 20 millones de folios de material, que son ocho kilómetros lineales de documentos. Sobre todo, contienen información de la llamada desaparición forzada: el nombre de las personas desaparecidas, el seguimiento que les dio la Policía y la manera en la que insinúan su tortura y desaparición. Pertenecemos a una institución que se llama Luciérnaga y que trabaja en la recuperación de la memoria visual de la historia inmediata. Comenzamos a hacerlo porque nos dimos cuenta de que los canales de televisión, tanto públicos como privados, están borrando los archivos. Un noticiero con 25 años de experiencia como Teleprensa no tenía nada. Iniciamos un proceso de recuperación con gente que había pasado por el país, como corresponsales de guerra, y logramos rescatar unas 200 películas. Esa es la base de «La isla». Para la historia de Guatemala es un acontecimiento. Anteriormente, hubo dos comisiones para la recuperación de la memoria histórica por parte de la Iglesia católica y de la Comisión de la Verdad de la ONU, pero el Estado nunca les dio acceso a los archivos, diciendo que no los tenía. Ahora surgen estos archivos después de la firma de la paz y es un acontecimiento.

El hallazgo de estos archivos deja en evidencia por tanto la falta de colaboración del Estado en la tarea de recuperación de la memoria histórica en Guatemala.

El Ejército, en la actualidad, sigue diciendo que no tiene archivos. Pero hay gente de EEUU vinculada a la defensa de los derechos humanos que ha descubierto diarios militares en los que se informa de las ejecuciones que hizo el Ejército de Guatemala. Existen documentos que en su momento manejó la CIA, como el denominado Plan Sofía, que plantea claramente las estrategias y los operativos de guerra del Ejército de Guatemala contra la población civil. Todos estos documentos han ido surgiendo a la luz después de que se creara la Comisión de la Verdad.

Todo ello confirma que no existió una voluntad por parte de las instituciones de sacar a la luz la verdad antes del proceso de paz.

De hecho, los Acuerdos de Paz no se han cumplido en la mayoría de los casos. Se han cumplido cuestiones muy puntuales, muy coyunturales. Pero no las cuestiones relacionadas con la población indígena, a la que se había prometido respeto a su territorio, a su idioma, a su forma de vida. Hoy por hoy, las poblaciones indígenas sufren el acoso de la minería, de las hidroeléctricas, de las multinacionales. Por tanto, los Acuerdos fueron más una negociación en beneficio de sectores empresariales. Este tipo de acciones del Estado contra su población se siguen repitiendo. Ahorita existe el manto de impunidad. Hay nuevas dinámicas y nuevos procesos que permiten ver que hay un Estado paralelo que actúa contra la población indígena y los movimientos sociales. La colaboración del Estado en su momento fue, por tanto, muy negativa. Por la presión de la sociedad civil ha tenido que ir cediendo en casos como el del archivo.

En su trabajo queda en evidencia la importancia que tiene la memoria histórica para la evolución futura del país.

De hecho, nosotros trabajamos mucho hacia dentro, hacia Guatemala, ante la necesidad que hay de conocer la historia del país. Sobre todo entre los jóvenes, que están desvinculados de lo que sucedió hace apenas quince años. Jóvenes que tienen ahora 18 o 20 años no tienen esa conciencia. Para presentar el documental montamos un festival a favor de la memoria, la verdad y la justicia. Accedimos al Teatro Nacional, que tiene 2.800 butacas. Y se llenaron durante cuatro días las 2.800 butacas. Desde que se presentó el documental se hicieron unas cien sesiones y los amigos piratas también han contribuido a difundirlo. No han faltado problemas, como la amenaza de bomba en el Teatro Nacional. Otro día nos cortaron la luz y tuvimos que recurrir a un generador eléctrico. El documental muestra la implicación de gente que sigue teniendo puestos públicos.

"Nos quieren aniquilar físicamente" : Comunicado del colectivo de Presos del PCE(r) y de los GRAPO

"Los presos políticos somos los rehenes con que el Estado pretende chantajear al conjunto del movimiento de resistencia organizado. Para ello inició su política de dispersión y de aislamiento, alejándonos cientos de km. de nuestro entorno familiar y manteniéndonos a la mayoría en régimen de absoluto aislamiento. Esa criminal política sigue dando vueltas de tuerca"

El objeto de este comunicado es denunciar la campaña de ensañamiento y aniquilación que está llevando a cabo el Estado fascista y terrorista español contra el Colectivo de Presos Políticos del PCE(r) y de los GRAPO.

Aunque esta situación no es nueva, pues llevamos ya muchos años soportando un plan meticulosamente diseñado para que reneguemos de nuestras ideas democrático-revolucionarias y para que abandonemos nuestra justa línea de Resistencia, en los últimos tiempos esa campaña se ha incrementado de forma significativa en todos los terrenos, empezando por el judicial. Si siempre hemos denunciado que los juicios celebrados en la Audiencia Nacional son una auténtica farsa, últimamente se ha dado un paso más en ese sentido con la celebración de continuos montajes jurídico-policiales para encarcelar de por vida a Manuel Pérez Martínez, Secretario General del PCE(r) o para condenar a cadena perpetua a otros dirigentes comunistas como Juan García Martín. Habría que retroceder a la época franquista, en la que los tribunales militares aplicaban sin descanso las leyes de "represión de la masonería y el comunismo" o las de "bandidaje y terrorismo" para encontrar una situación similar en ese terreno.

Hoy, esos montajes pueden tener lugar no sólo gracias al arsenal de leyes represivas, las llamadas "antiterroristas", de las que se ha dotado el Estado, sino particularmente a la última de ellas, a la fascista Ley de Partidos, especialmente dedicada a criminalizar a las organizaciones de la resistencia política, como es el caso del PCE(r), las de solidaridad con los presos políticos o las de la izquierda abertzale que en el País Vasco luchan porque se reconozca su programa independentista y el derecho del pueblo vasco a la autodeterminación. Tampoco podemos olvidar que esa ley pende como una espada sobre el futuro de organizaciones sindicales independientes, de jóvenes antifascistas o de cualquier otro colectivo que se radicalice al calor de la lucha de clases.

Los presos políticos somos los rehenes con que el Estado pretende chantajear al conjunto del movimiento de resistencia organizado. Para ello inició su política de dispersión y de aislamiento, alejándonos cientos de km. de nuestro entorno familiar y manteniéndonos a la mayoría en régimen de absoluto aislamiento. Esa criminal política sigue dando vueltas de tuerca: impidiendo nuestras comunicaciones escritas, dificultando y en algunos casos suprimiendo las comunicaciones con familiares y amigos, imponiendo humillantes cacheos a nuestros allegados, etc.

Su sed de venganza no parece tener límites. No contentos con imponernos decenas de años de cárcel, el Estado fascista español se sacó de la manga la llamada Doctrina Parot, gracias a la cual un buen número de presos políticos que ya habían cumplido su condena siguen en prisión. Este es el caso de Xaime Simón Quintela que lleva más de 25 años encarcelado y a quien se le ha prolongado por 10 años más. Otro tanto cabe decir del mantenimiento en prisión de los presos políticos gravemente enfermos, como Paco Cela Seoane, Laureano Ortega Ortega, Carmen Muñoz Martínez, Manuel Arango Riego, Mª José Baños Andujar, Isabel Aparicio Sánchez y algunos otros, cuya liberación inmediata exigimos.

Como es lógico, cualquier preso desea salir de prisión y nosotros no somos una excepción, pero no fuimos encarcelados por una cuestión personal, sino por nuestras ideas, y si salimos de ella será para defender las mismas ideas y proyectos democrático-revolucionarios por los que en su día fuimos encarcelados, de lo contrario aquí seguiremos.

Por todo ello, a partir del 1 de diciembre comenzaremos unas jornadas de ayuno que, en principio, serán todos los martes y viernes, teniendo muy presente que los compañeros enfermos y los que llevan más de veinte años en prisión y han participado en largas huelgas de hambre podrían empeorar su ya delicado estado de salud.

¡Derogación de la Ley de Partidos!


¡Liberación inmediata de los presos políticos gravemente enfermos y de los que ya han cumplido su condena!

¡Reunificación de todos los presos del PCE(r) y de los GRAPO en una misma prisión!